Entró en vigencia la ley de garantías, a cuatro meses de elecciones a Congreso

Con una serie de prohibiciones, funcionarios no participarán en campañas electorales y no se podrán usar recursos del Estado con fines políticos.

A partir de este sábado entró en vigencia la Ley 996 de 2005, que busca brindar garantías a todos los candidatos y campañas políticas de cara a las elecciones a Congreso, que se realizarán el 11 de marzo del 2018 y presidente de la República, el 27 de mayo. 

La serie de prohibiciones garantizará el equilibrio y la transparencia del actuar administrativo en medio del debate electoral, evitando que la nómina estatal y la contratación directa favorezcan a los candidatos para llegar a los comicios.

Contratación Estatal

En este punto existen dos restricciones: a los gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas se les prohíbe celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos en los cuatro meses anteriores de cualquier elección.

Por otro lado, a partir del 27 de enero de 2018 y hasta la fecha en sea que sea elegido el presidente de la República, todas las entidades del Estado, de las ramas del poder público no podrán contratar directamente.

Se recuerda que estas restricciones no aplican a las entidades sanitarias y hospitalarias. Además, durante la vigencia de la ley se podrán celebrar contratos con modalidad de selección como la licitación pública, concurso de méritos y selección abreviada.

Vinculación de personal o nómina estatal

Desde el 11 de noviembre, los gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas no podrán vincular o desvincular personal o modificar la nómina estatal.

Tampoco se podrán crear nuevos cargos ni proveer vacantes definitivas, salvo que se trate de renuncia, licencia, muerte o expiración del periodo fijo que se vuelvan indispensables en la administración de la función pública. 

Advertencia de la Procuraduría

Desde abril, el procurador general de la Nación, Fernando Carillo, dijo que el incumplimiento de la ley de Garantías “constituye una acción preventiva en materia contractual y dará lugar a investigaciones disciplinarias bajo los parámetros de la Ley 734 de 2002, como consecuencia del incumplimiento de la misma y el ordenamiento jurídico vigente”. 

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