En Colombia han sido desaparecidas más de 60.000 personas en 45 años

En el marco de la celebración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada declarado por las Naciones Unidas que se dio esta semana, el Centro Nacional de Memoria Histórica recordó su informe con el que recoge en más de 420 páginas donde la historia de la desaparición forzada en el país.

En el documento se señala que, “en Colombia han sido desparecidas 60.630 personas en los últimos 45 años en el marco del conflicto armado. Las dimensiones de este crimen resultan escalofriantes e inmorales”. 

Concluyen que se trata de una mezcla de varias situaciones, “de un lado, de la persistencia de un crimen que se inflige intencionadamente con el ánimo de castigar y de sembrar el terror”. 

Pero también por la existencia de prácticas empleadas por distintos actores armados con el propósito de invisibilizar sus crímenes y de garantizar su impunidad o de distorsionar las cifras producto de sus acciones. 

El informe señala que de las más de 60 mil víctimas, solo de 8.122 personas se conoce información sobre su paradero o sobre su estado. 

Se demuestra con casos documentados, que el 46 % de las desapariciones forzadas en el país se da por cuenta de grupos paramilitares. En el 20 % son responsables las guerrillas, en el 16 % no se pudo identificar el grupo armado. 

Así mismo, en el 9 % de los casos se trató de un grupo posdesmovilización, el 8 % de las desapariciones fue responsabilidad de agentes del estado, e incluso se evidencian 222 situaciones en las que estos fueron responsables junto con integrantes de grupos paramilitares. 

Al observar la tendencia, se evidencia que el pico más alto se registra en el año 2002 con más de 5.000 de las desapariciones forzadas, donde comienza un descenso, alcanzando alrededor de 2.000 casos en el 2007, alrededor de 1.000 para el 2007 y menos de 100 para el 2013 donde siguió la tendencia a la baja. 

Sobre las causas de esta problemática en Colombia, se exponen 3 razones. En primer lugar se usó como una práctica de castigo que se ejecuta de manera selectiva contra identidades políticas disidentes, quienes amenazan el orden social que imponen los actores armados o realizan prácticas que perjudican el poder y control que estos ejercen. 

Además se ha ejecutado también como dominio y regulación territorial en contra de, quienes ingresan o permanecen en zonas donde su presencia está prohibida y quienes se niegan a abandonar sus territorios. 

También se ha usado la desaparición forzada como un mecanismos de terror para instalar miedo y afirmar el dominio de los actores armados. 

Por último, se ha usado como una estrategia de ocultamiento, para encubrir la violencia usada por los distintos actores armados para, “invisibilizar su responsabilidad y asegurar impunidad, enmascarar la dimensión de la violencia que perpetran, para encubrir hechos y desviar la atención de las autoridades”. 

Además para manipular las cifras sobre las bajas en combate mediante el ocultamiento de cadáveres de combatientes y la presentación de civiles como “muertos en combate”, analiza el informe del Centro de Memoria Histórica.