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Condenan a la Nación por atentado de las Farc en Buenaventura que dejó 6 personas muertas

El grupo guerrillero atacó sorpresivamente a una patrulla de la policía en 2007, dejando además 14 personas heridas.

Un total de 335 millones de pesos deberá pagar la Nación como indemnización a Diego Alejandro Abello Grisales y a su familia, luego de que estos resultaran afectados en el ataque perpetrado por las Farc, el 21 de enero de 2007, en Buenaventura.

Según se logró demostrar Abello Grisales, quien era el propietario del establecimiento comercial, Lamacen Finca La Agricola, resultó gravemente herido, cuando se dirigía a la tienda a comprar lo del desayuno de él y su familia.

En el trayecto fue sorprendido por una explosión a raíz de un atentado terrorista cometido contra una patrulla de la policía que se desplazaba en dos vehículos, una camioneta y un camión, “atentado perpetrado por las Farc, en el que seis personas perdieron la vida de forma violenta y otras 14 resultaron heridas, el demandante perdió, cuatro dedos de su mano derecha, fuera de heridas en otras partes del cuerpo, (sordera, zumbidos en el oído derecho”, justo la mano que empleaba para sus actividades cotidianas”.

Indicó la Corporación Judicial que “los hechos de la presente sentencia implican una clara y grave violación de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, y puede ser constitutivo de un acto de lesa humanidad. En cuanto a este último aspecto, la Sala puede afirmar que bajo un análisis contextual el uso de artefactos y explosivos en el marco del conflicto armado es una práctica atroz y reprochable que ha venido siendo utilizada en los sesenta años de conflicto armado por todos los actores, especialmente por organizaciones o grupos armados insurgentes como las Farc”.

Agregó que “se trata de emplear un elemento de guerra que seriamente afecta no sólo los derechos, sino la dignidad de todo ciudadano que se encuentra expuesto a su utilización de manera frecuente, programada o no, o incluso de manera articulada a planes, proyectos o actividades encaminadas a causar zozobra, miedo y a amedrentar a la sociedad, quebrando en esencia el modelo democrático, vulnerando el derecho fundamental a la paz”.

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