Recapturan a jefe de banda que adulteraba licores importados
Se determinó que tenía vínculos con funcionarios de la Rama Judicial y la Policía Nacional. Su captura fue legalizada.
(Colprensa/Archivo)
Tras un fuerte operativo agentes del CTI de la Fiscalía General, capturaron de nuevo a Miguel Ángel Romero, alias El Novillo, sindicado de ser el líder de una organización que comercializaba licor falso de reconocidas marcas nacionales e internacionales.
El operativo se llevó a cabo frente al centro comercial La Sabana, y se realizó simultáneamente con la de otros dos hombres que al parecer también harían parte de la misma organización, que el pasado 17 de junio del 2016 fue objeto de más de cincuenta allanamientos por parte del CTI en una operación realizada en Socorro (Santander), Santa Marta (Magdalena) y Bogotá.
Los otros dos capturados son Donaíl Cáceres Perdomo, capturado en su casa en el sector de Suba, en el noroccidente de Bogotá, y Segundo Oliverio Gómez González, cuya detención ocurrió en el barrio Galán, en donde funcionaba uno de los alambiques.
La investigación de la Fiscalía señala que el grupo delictivo contaba con alambiques en varios sectores de Bogotá, especialmente en las zonas aledañas a las riberas del contaminado río Tunjuelito, con cuyas aguas lavaban las botellas de licor, nacional e importado, que compraban a los recicladores para allí envasar el licor que producían para hacerlo pasar como legítimo.
En total, fueron incautadas alrededor de 200.000 unidades de toda clase de licores, así como un considerable número de empaques, estampillas, tapas y otros elementos necesarios para la realización del engaño a los ciudadanos.
El día de los operativos, la Fiscalía, con apoyo de la Policía Nacional, capturó a 21 personas. En la acción se encontró gran cantidad de elementos necesarios para la adulteración del licor.
La investigación se adelanta por la presunta realización de los delitos de usurpación de derechos de propiedad intelectual, corrupción de alimentos, concierto para delinquir, cohecho propio y cohecho por dar u ofrecer.
La organización
Integrada, según la Fiscalía, por Miguel Romero y María Romero, hermanos y socios, dueños de varios locales en el sector de San Andresito San José en pleno centro de Bogotá. Serían para los investigadores los encargados, por 15 años, de coordinar toda la cadena de producción, distribución y venta, del licor adulterado.
A su servicio tendrían un grupo de personas, hasta menores de edad, dedicados a mantener en la memoria de otros comerciantes que sus jefes son los dueños de este millonario monopolio “no se movía una botella sin su autorización” le dijeron fuentes a los investigadores del caso.
Los policías corruptos
Entraban en escena cuando las botellas llenas de licor adulterado estaban listas para comercializar. En interceptaciones telefónicas que tiene la Fiscalía se escucha a los uniformados en las noches y madrugadas, entregar la ruta más segura para que los camiones cargados con el veneno llegaran sin problema a los San Andresitos y las caletas que allí tenían.
Además de brindar seguridad con los vehículos, los equipos de comunicación y las armas de la misma Policía, los uniformados de la estación de los Mártires, mantenían a los cabecillas informados de los operativos que adelantaba la Dian en esta zona.
Ya hay un capturado, Jonathan Pérez Peña, patrullero que fue plenamente identificado al igual que otros uniformados que están por capturar.
La investigación resultó en vínculos familiares de los llamados cabecillas del “Clan Romero”, de Miguel y María, con funcionarios de la justicia y la Policía.
En el caso de Miguel Romero, se estableció que su esposa es juez en el complejo judicial Paloquemao y que en uno de los allanamientos se encontraron procesos y documentos de investigaciones relacionadas con el tráfico de licor adulterado. El hijo de la juez también trabaja con la judicatura, es asistente judicial en Paloquemao.
María Romero, es esposa de un policía de la dirección de tránsito, fue el mismo que el día del operativo la escondió en una de las caletas de los locales en el centro comercial La Sabana, la Fiscalía investiga si el uniformado tendría participación en el millonario negocio.
