Policarpa , hacia la ruta de la paz

Colombia

A 40 kilómetros de la vía Panamericana norte, por una polvorienta carretera, se llega en una hora y veinte minutos de recorrido al municipio de Policarpa, habitado por unas 16.800 personas que se distribuyen en 64 veredas.

La base de su economía es la agricultura, representada en cultivos de frutas, cacao, fríjol, maíz y plátano, aunque también hay cultivos de coca y si bien ésta ya no se observa como en otros años, al filo de la carretera, se sabe que aún permanece la siembra hacia adentro, en la zona conocida como el Bajo Patía.

Este municipio que se precia de tener en su territorio tres pisos térmicos sufre por el desabastecimiento de agua. Desde hace un año en el casco urbano sus pobladores solo reciben tres horas de suministro, distribuidas una en la mañana, otra al medio día y la tercera en la noche, debido a que la quebrada El Cocal que lo abastece se está quedando prácticamente seca a causa a la tala de bosques y el reciente fenómeno de El Niño.

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La localidad, que está enclavada en la zona de la Cordillera Occidental y bordeada por el rio Patía, cambió su tradición política. Solo la gente de antaño es ferviente seguidora de los partidos tradicionales como el Liberal y el Conservador. Los gobernantes recientes ha pertenecido a corrientes de izquierda como el Polo Democrático, el Movimiento Social Independiente y su actual alcaldesa pertenece al Partido de la U.

Nadie en este sector desconoce la historia marcada por la violencia, la presencia de las Farc, el Eln, los grupos paramilitares. Bandas criminales como las Rocas Campesinas o la Nueva Generación dejaron marcado en la mente de los policarpenses un episodio de terror que difícilmente borrarán de sus memorias.

Este municipio tiene reconocidas a más de 10.000 personas como víctimas. Desplazamientos, extorsiones, secuestros, homicidios y delitos contra la integridad sexual figuran en los registros de la Unidad de Víctimas del departamento, la cual ya ha realizado unas 500 reparaciones individuales y un proceso de reparación colectiva a oriundos de esta zona.

Policarpa es un corredor estratégico para salir al océano Pacifico nariñense, por eso ha sido sitio de tránsito de actores ilegales y de grupos de narcotráfico. No es gratuito también que a sus veredas hayan llegado en buen número afrodescendientes como desplazados o buscando oportunidades de trabajo.

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Un futuro en paz

Si bien es incierto o muy reservado el sitio en donde se ubicará una zona veredal transitoria para la ubicación de las Farc, en las distintas veredas no se percibe el rechazo; por el contrario, hay buena expectativa.

Según el personero Carlos Rosero, los habitantes creen que es la única manera en la que recibirán alguna inversión que les permita dar un paso para superar el atraso que les deja la historia de la violencia y obtener reparación integral a todas las víctimas. Rosero asegura que la situación social es compleja, un número indeterminado de personas en el Bajo Patía no sabe leer ni escribir, ni siquiera tienen registro civil, viven en la montaña y no acceden a ningún servicio.

En Policarpa los niños y jóvenes que logran estudiar si acaso llegan solo hasta el grado de bachiller, pues la economía de las familias no da para enviarlos a Pasto a estudiar una carrera universitaria, segín asegura Jorge Aparicio, padre de un joven graduado hace tres años, quien además dice que la educación es deficiente y los centros de enseñanza son precarios.

Y no podría ser de otra manera. Este municipio de sexta categoría tiene, según el tesorero Edward Rojas, un presupuesto anual de 12.000 millones de pesos, con lo que logra priorizar temas como salud, funcionamiento, educación y escasa atención de la gran cantidad de vías terciarias. Se apoya con el recaudo de 500 millones de pesos producto del peaje ubicado en el ingreso al casco urbano y por el cual los vehículos pequeños pagan dos mil pesos y los grandes tres mil.

Ejido, Madrigal, Santa Cruz, o Santa Rosa suenan como posibles zonas de concentración temporal. En estos puntos las características son las mismas: una deteriorada vía de acceso que los habitantes traducen como la principal causa del atraso, del encarecimiento de costos para el transporte y de la difícil comercialización de sus productos, lo cual hace que muchos hayan retornado o se mantengan en la siembra de cultivos ilícitos.

Coca y minería una forma de vida

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Jesús Alberto Ramos Rodríguez, quien retorno a Ejido hace 21 años después de una fuerte ola de sequía que en el 80 los dejó sin sustento, asegura que hace cuatro años su corregimiento se siente tranquilo, sin la zozobra de otros tiempos. Sin embargo, las necesidades sobre infraestructura vial y educación no han cambiado, y las de salud se agudizan, pues hasta cuatro meses deben esperar los enfermos para que les autoricen una cita en la ciudad de Pasto, le contó a Caracol Radio.

No cree que tener una zona de concentración sea algo malo para los habitantes: “Ya hemos sufrido bastante esperamos que el gobierno repare a las víctimas que haya una paz verdadera”.

Ramos manifiesta que en un tiempo la presencia de cultivos disminuyó pero la siembra hoy es igual, aunque no en las lomas que bordean el corregimiento sino en las partes más alejadas. Los Ejideños retornaron a la coca porque el gobierno no les cumplió, las vías no fueron pavimentadas, las escuelas siguen iguales y el centro de salud sin insumos.

Agregó que recibieron veinte gallinas, otras familias dos marranos y a algunos les dieron una guadaña para compartir entre dos familias. El desarrollo prometido nunca llego. De ahí que retornaron a la actividad ilegal que les resulta más rentable.

Explican los habitantes que por un kilo de coca reciben dos millones de pesos, no necesitan transporte porque se la compran en la casa o en la finca y dado el caso solo la echan en una mochila y salen a venderla en el mercado. Cada tres meses pueden obtener ese producido dependiendo si la variedad es Boliviana, Tingo, Caucana o Pajarita. También depende de la extensión del cultivo de coca, que comparado con otros, requieren menos inversiones y menos costos en el trasporte.

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Lo mismo pasa con los jornales; en los cultivos legales un campesino se gana 20.000 pesos y en los de hoja de coca, 60.000 pesos.

Además de la coca la minería es el sustento de los pobladores de estos territorios. Según Álvaro Sánchez, corregidor de Ejido, la extracción de oro a orillas del rio Patía es otro modo de vida. Pese a lo caudaloso y riesgoso, personas de todas las edades acuden a las minas artesanales para poder adquirir dinero. Esto obedece a la falta de oportunidades laborales y a los problemas de comercialización de los productos que cosechan. Según él, más vale el pasaje que el producto. Los cultivos terminan siendo para autoconsumo, agrega.

Siempre ha existido riesgo para que los jóvenes se vayan a los grupos ilegales o bandas de narcotráfico, los cuales siguen controlando y disputando el territorio. No se sabe cuánto les pagan, pero se sabe que los dotan de motocicletas y armas.

En Madrigal los habitantes también se sienten abandonados y hoy que se habla de paz consideran que la prioridad es el arreglo de la malla vial, para bajar los costos de vida y mejorar la oportunidad de explotar lo que produce. Esperan, además, inversión en los centros educativos y de salud para que los lugareños no tengan que padecer largas horas de pésimo camino para acceder a los servicios básicos. “Estamos dispuestos a servirle al proceso de paz pero a cambio de una compensación, una inversión social”, anota Julia Quiñonez y agrega: “si se tiene un buen manejo no tenemos que sentir temor. Queremos saborear algo bueno después de tanta violencia”.

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Pero no todos ven con buenos ojos tener cerca una zona de concentración. María Teresa Ruiz vivió hace doce años a dos casas de donde se ubicaron los paramilitares y debía permanecer encerrada para evitar que le pidieran prestados sus enseres y meterse en líos con los otros. Es sobreviviente en dos oportunidades de enfrentamientos entre las AUC y miembros del ELN, las balas quedaron en su cocina y otra paso cerca de su cabeza luego de seis horas continuas de enfrentamientos.

Recuerda, además, que los ´paras´ llegaban a los billares o negocios y se llevaban durante varios días a las adolescentes que allí trabajaban. Ella no cree en el proceso de paz y por eso dice que si en su localidad hay una zona de concentración prefiere buscar donde vivir porque el temor a la guerrilla no es distinto al que les generaron los paramilitares.

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Un servicio a la paz a cambio de inversión. “Policarpa le abre las puertas a la paz”. Con esta frase la alcaldesa Claudia Cabrera expresa el entusiasmo que le produce tener en su municipio una zona de concentración y aunque este sentimiento podría ser para muchos contradictorio, ella considera que es la única manera en la que se visualizarán las necesidades de su gente, sacrificada, según cree, por las acciones de distintos actores armados y particularmente del frente 29 de las FARC que aún tiene incidencia. Asegura que no le teme a que haya consecuencias negativas porque llevan conviviendo hace más de cincuenta años con la insurgencia, entregando vidas, tranquilidad y desarrollo. ´Vemos un futuro promisorio pero queremos que el Estado entre, que vea con sus propios ojos nuestras vías, nuestras escuelas, nuestros centros de salud, en general como vivimos los policarpenses y así proyectar la ayuda, desminar las zonas sembradas por artefactos y aprovechar la riqueza de flora y fauna en el territorio´ Concluye que es la oportunidad más grande para una buena inversión que en cierta medida contribuya a atenuar el terror de las amenazas, los ataques a la estación de Policía, el triste recuerdo de la sede de la Alcaldía incinerada, o los desplazamientos. “Queremos volver a soñar” dice.

VICTIMIZACION POLICARPA CORTE 1- 4-2016

FUENTE : Personería de Policarpa