Policías corruptos y jueces investigados, ingredientes del tráfico de licor adulterado en Colombia
Caracol Radio conoció este cóctel que convirtió a los cabecillas de una banda en prósperos empresarios de la capital.
Las ganancias del tráfico de licor adulterado en la mejor época para el llamado “Clan Romero” les dejó hasta 5.000 millones de pesos mensuales. Amasaron una fortuna que los hizo dueños de ostentosas propiedades como hoteles, casas y edificios enteros en diferentes zonas de Bogotá.
La organización estaría integrada, según la Fiscalía, por Miguel Romero y María Romero, hermanos y socios, dueños de varios locales en el sector de San Andresito San José en pleno centro de Bogotá. Serían para los investigadores los encargados, por 15 años, de coordinar toda la cadena de producción, distribución y venta, del licor adulterado.
A su servicio tendrían un grupo de personas, incluidos menores de edad, dedicados a mantener en la memoria de otros comerciantes que sus jefes son los dueños de este millonario monopolio. “No se movía una botella sin su autorización” le aseguraron las fuentes a los investigadores del caso.
Tenían dos empresas de reciclaje legalmente constituidas en el sur de Bogotá. Cada una se encargaba de comprar las botellas que habitantes de calle y recicladores recolectaban en bares y canecas de la basura. Entre más distinguido el trago más costaba la botella, por la que se pagaba entre $1.000 hasta $5.000 pesos.
Lujosas propiedades servían como fachadas para lavar las botellas y llenarlas con la mezcla artesanal de alcohol y colorantes, mezclado en alambiques artesanales diseñados por ellos. Allí tenían sellos, estampillas y las tapas para convertir un veneno en brindis.
Policías corruptos
Entraban en escena cuando las botellas llenas de licor adulterado estaban listas para ser comercializadas.
En interceptaciones telefónicas que tiene la Fiscalía se escucha a los uniformados en las noches y madrugadas entregar la ruta más segura para que los camiones cargados con el veneno llegaran sin problema a los San Andresitos y las caletas que allí tenían.
Además de brindar seguridad con los vehículos, los equipos de comunicación y las armas de la misma Policía, los uniformados de la estación de Los Mártires, mantenían a los cabecillas informados de los operativos que adelantaba la Dian en esta zona.
Ya hay un capturado, Jonathan Pérez Peña, patrullero que fue plenamente identificado al igual que otros uniformados que están por ser detenidos.
Relaciones peligrosas
La investigación permitió establecer vínculos familiares de los llamados cabecillas del “Clan Romero”, Miguel y María, con funcionarios de la justicia y la Policía.
En el caso de Miguel Romero se estableció que su esposa es juez en el complejo judicial Paloquemao y que en uno de los allanamientos se encontraron procesos y documentos de investigaciones relacionadas con el tráfico de licor adulterado. El hijo de la juez también trabaja con la judicatura, es asistente judicial en Paloquemao.
María Romero es esposa de un policía de la dirección de Ttránsito. Fue el mismo que el día del operativo la escondió en una de las caletas de los locales en el centro comercial La Sabana. La Fiscalía investiga si el uniformado tendría participación en el millonario negocio.
Invisibles para la justicia
Por años la Policía, la Dian y la misma Fiscalía conocían la existencia de la organización, pero sólo hasta ahora y después de 36 meses de seguimiento lograron identificar a los cabecillas y sus alcances en esta red de corrupción.
Los investigadores del CTI tuvieron que acudir a jueces en Tunja para solicitar las órdenes de captura, sin el temor de que la información se filtrara y terminara en manos de los implicados, que fueron capturados con otras 21 personas en un reciente operativo en el centro de Bogotá, que dejó además la incautación de 500.000 botellas de licor adulterado y dos millones de botellas listas para llenar.
Fueron judicializados en dos salas de audiencias en el complejo de Paloquemao (el mismo lugar de trabajo de la juez investigada). En una estaban los hermanos Romero y en la otra sus lugartenientes. La sorpresa para los investigadores es que sólo a los secuaces se les envió a la cárcel, los cabecillas regresaron a la calle.
La Fiscalía investiga una información que llegó en la que se denuncia un presunto millonario soborno para que se declararan ilegales las capturas.
El trago amargo
La red al parecer tenía tan permeadas a las autoridades, que en ocasiones los seguimientos de los investigadores a los cabecillas eran interrumpidos por la Policía.
El CTI estableció que además de enterarse de los operativos y las investigaciones que se adelantaban en su contra, una única firma de abogados acudía cada vez que alguien resultaba capturado. Según fuentes de la Fiscalía, los abogados conocían los contactos en los juzgados y la policía necesarios para sacarlos bien librados o con delitos que apenas le dejaban un insípido compromiso social como arreglar parques.
A esto se suma un desafortunado incidente que puso en evidencia a parte del equipo de investigadores, que debió apartarse de los seguimientos por cuenta de un trino del exvicepresidente Francisco Santos, en el que denunciaba una presunta extorsión.
En la red social Santos escribió: @FiscaliaCol agentes del CTI llevan cuatro horas extorsionando a un vendedor de rancho en Bodegas Antiguas de San José. ¡No más corrupción!".
El hecho obligó al director del CTI, Julian Quintana, a pedir un informe detallado a sus hombres sobre lo que había ocurrido y de paso ubicar a nuevos investigadores encubiertos.
