Fiscalía adelanta más de 31.000 investigaciones por violencia contra servidores públicos
El caso del “encapuchado” que disparó a la Policía en Bogotá es uno de miles, que en 2015 apenas dejó cinco condenas.
(Colprensa/Archivo)
En cifras la Fiscalía registra un balance poco alentador en materia de justicia para los servidores públicos. Los casos donde resultan agredidos, donde son víctimas de ataques como el protagonizado por Fabián Vargas, el “encapuchado” que disparó contra un grupo del Esmad en Bogotá, superan las 17 denuncias diarias.
En palabras Fabián Sanabria, antropólogo y doctor en sociología de la Universidad Nacional, las cifras, son alarmantes y dejan en evidencia un país inviable.
“No acudimos a las autoridades no respetamos y no creemos en la justicia, para colmo de males el panorama es de una patética y fallida reforma política, de que la justicia es para los de ruana”.
Sólo en 2015 se sumaron a la lista de investigaciones más de 4.123 casos radicados en la Fiscalía y el número de condenas, conocidas, llegó a penas a cinco, eso sin contar, según el abogado Francisco Bernate, las agresiones que se dejan de denunciar.
“La pregunta aquí es qué pasa en los casos, agresiones de todos los días, a los agentes de tránsito, a los funcionarios de juzgados que van a hacer embargos, a la policía al hacer un cierre de establecimiento o control de ruido, la realidad es que hay un mensaje de impunidad”.
Las cifras por este delito aumentaron considerablemente desde 2005, ese año las denuncias llegaron a 206, y diez años después los casos superan los 5.000, incluyen a civiles, militares, policías y hasta fiscales como los agresores de sus propios colegas.
Bernate asegura que las cifras reflejan una falta de atención de la Fiscalía en este tipo de conductas. Que los ataques a los funcionarios no tienen consecuencias, así las penas por violencia contra servidor público lleguen a los ocho años de prisión.
“La ciudadanía entienden que sus actos no tiene consecuencias y se siente con derecho a agredir a los funcionarios públicos, con este fenómeno no sólo se deja desprotegida a la autoridad porque ve como todos los días sus derechos son agredidos y su labor se dificulta”.
La mayoría de investigaciones por violencia contra servidor público que terminan en una condena, es gracias a que se suman otras conductas como el porte ilegal de armas y el daño en bien ajeno, pero condenas ejemplares se conoce sólo una, a siete años de prisión por la agresión que sufrió un patrullero en el Meta.
Las ciudades de norte del país, los policías y agentes de tránsito resultan ser las víctimas más frecuentes de la intolerancia y la falta de autoridad de los agresores.
