Procuraduría citó a juicio disciplinario a 12 exdiputados de la Asamblea Departamental de Santander
Deberán responder por conceder facultades al contralor general de Santander para modificar la estructura organizacional de la entidad que representaba.
Archivo Colprensa
Por presunta extralimitación de sus funciones, la Procuraduría General abrió investigación a Fernán Gabriel Rueda Domínguez, Iván Fernando Aguilar Zambrano, Álvaro Celis Carrillo, Luis Eduardo Díaz Mateus, Luis Tulio Tamayo Tamayo, Rubiela Vargas González, Jorge Eliecer García Jaimes, José Ángel Ibáñez Almeida, Luis Fernando Peña Riaño, Edgar Higinio Villabona Carrero, Camilo Andrés Arenas Valdivieso y Henry Hernández Hernández, en su calidad de diputados del departamento de Santander para el periodo 2012-2015.
Al parecer, los 12 funcionarios habrían otorgado facultades temporales mediante la Ordenanza No.123 de 2013 al contralor general para modificar la estructura organizacional, el Manual de Funciones y Competencias, el Manual de Operaciones y Procedimientos, las cargas laborales, la escala salarial de la Contraloría General de Santander; así como para suprimir el cargo de conductor y, en su lugar, crear uno de profesional universitario.
Consideró el órgano de control que con esta conducta los sujetos disciplinables podrían haber desconocido el numeral 9 del artículo 300 de la Constitución en el cual se establece como función de las asambleas departamentales, por medio de ordenanzas: “9. Autorizar al Gobernador del Departamento para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes y ejercer, pro tempore, precisas funciones de las que corresponden a las asambleas departamentales (...)”.
La Procuraduría precisó que por segunda vez la Asamblea Departamental como cuerpo colegiado se ve involucrada en un caso de reestructuración a la Contraloría General de Santander.
El Ministerio Público compulsó copias a la Procuraduría Delegada para Vigilancia Administrativa con el fin de que se investigue la presunta responsabilidad de Carlos Ibáñez Muñoz, en calidad de gobernador designado y Jorge Céspedes Camacho, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación de Santander, por haber sancionado la Ordenanza No. 123 de 2013 a pesar de ser inconstitucional.
