¿Qué tierras defiende Ordóñez?

El procurador Alejandro Ordóñez ha vuelto a plantear un nuevo frente de pelea con el gobierno Santos, esta vez por el tema de la política de restitución de tierras. Según este funcionario, la Ley 1448 de 2011 se hizo para despojar a los despojadores --paramilitares o guerrilleros--, no a campesinos que de buena fe han trabajado la tierra.

Esta nuevo choque entre el procurador Ordóñez y el gobierno se da en momento coyuntural: cuando la oposición al proceso de paz arrecia sus críticas y organiza marchas contra el gobierno; cuando en La Habana se perfila un acuerdo que incluye la ubicación de guerrilla en determinadas zonas del territorio; cuando el Consejo de Estado se prepara para fallar si Ordóñez debe salir del cargo y cuando el gremio Fedegan se enfrenta más duro que nunca con el Gobierno por el negocio de la procesadora Friogan y el manejo del Fondo del Ganado.

La tesis del procurador, que es la misma que ha sostenido el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, es cierta pero incompleta y oculta varios trasfondos que le restan credibilidad a esta defensa que sale a hacer ahora el jefe del Ministerio Público.

Lo primero que no ha sido de buen recibo son los sitios escogidos por el procurador para hacer las mesas de trabajo –que nadie le discute las puede hacer-- sobre restitución de tierras: la Sabanas de San Ángel, en el Magdalena, donde el principal despojador fue “Jorge 40”, con complicidad de funcionarios del Incoder y autoridades locales, y San Alberto (Cesar) donde el pleito por tierras y la violencia que ello ha generado llevan décadas. Quienes cuestionan esta decisión del procurador temen que allí, bajo amenazas a los campesinos que serían sus verdaderos propietarios, se esté dando impulso a los nuevos escuadrones antirrestitución de tierras.

El otro hecho que ha dejado un cierto sabor de uso político de estos encuentros del procurador es la presencia y el discurso de Lafaurie en la misma tarima. Según el dirigente gremial, los reclamantes tienen vínculos con grupos armados ilegales y el reintegro de esos bienes es la cuota inicial para el retorno de los ilegales. De ahí que los funcionarios de tierras del gobierno se resistan a asistir a los actos del procurador, que muchos asocian con actos de su campaña presidencial.

A Ordóñez y a quienes lo acompañan en esta cruzada se les aplaude que eviten abusos del Gobierno o de los jueces contra quienes compraron las tierras despojadas de buena fe, por inversión o por deseo de hacer nuevos desarrollos. Para eso la ley ordena que se les paguen a precio comercial. Pero el temor entre los defensores de la ley de víctimas es que detrás de este propósito se puedan colar beneficiarios de las listas de Jorge 40, que ahora alegan su buena fe y su carácter campesino. Y más preocupante aún, que estas reclamaciones estén dando pie a reclamaciones violentas. Y algo alarmante: que la restitución de tierras sea una bandera política y no una política de Estado para resarcir el daño a los más afectados por la violencia.