Procuraduría advirtió sobre riesgos en contratación para adquirir plataforma de la Línea 123

La Procuraduría General de la Nación reveló que ya no acompañará más el proceso de contratación para la adquisición de la plataforma de la Línea de Emergencia 123 de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. (ETB), ya que no se presentaron al Ministerio Publico entre otros documentos, el “cronograma actual y los términos de referencia definitivos”.

Para la Procuraduría, sin esta documentación se presentarían dificultades para formular advertencias o sugerencias, en aplicación del principio de planeación y en aras de proteger el ordenamiento jurídico y el patrimonio público.

No obstante, a través de la Procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de la función pública, se formularon algunas reflexiones a la presente convocatoria pública, entre otras: el cronograma del proceso resulta inexacto, ya que en los términos de referencia recibidos mediante correo electrónico el día viernes 27 de noviembre de 2015, el cronograma es diferente al de los enviados por ese mismo medio el 1 de diciembre del mismo año; en los términos de referencia de la invitación privada no se contempla un plazo límite para la expedición de adendas, lo cual permitiría que en cualquier momento antes de la presentación de ofertas se realicen modificaciones a los términos de referencia.

De igual forma cuestiona el Ministerio Público que en el numeral 1.7 de los términos de referencia se establece: “no podrán participar en el proceso de invitación las personas jurídicas o naturales que directa o indirectamente hayan participado en el diseño o estructuración del presente proceso bien sea directamente o a través de terceros”, entonces ¿cuántas empresas quedan excluidas de la participación en el proceso de selección? y ¿cuántas potenciales cumplirían cabalmente con los términos y se encuentran en condiciones de participar?

Por último, se recomendó a la entidad contratante que prevea desde la etapa precontractual algunos riesgos que se puedan presentar en la ejecución del contrato, identificándolos y asignando en cabeza de quién recae la responsabilidad del riesgo, la probabilidad y el impacto que podría generar.