Fue capturada la tercera implicada en el secuestro de Nicol Palacios
Una de las detenidas sería la determinadora y habría pagado para que se la llevaran a la menor de edad contra su voluntad.
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La Policía Nacional avanza en la búsqueda de Nicole Palacios, la niña de 6 años edad quien fue llevada en contra de voluntad cuando caminaba hacia casa de una tía, el 28 de diciembre de 2014 en Buesaco, Nariño.
En medio del despliegue operativo dispuesto por el Gaula, fueron capturadas dos mujeres, una de ellas señalada como la determinadora del rapto, quien habría pagado y aparentemente sería la última persona que tuvo contacto con la niña.
La primera en el barrio Comuneros de Cali (Valle del Cauca) ubicaron a Blanca Digna López López, de 52 años de edad requerida por orden judicial emanada por el Juzgado 2 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Pasto, por los delitos de desaparición forzada y secuestro simple. Según las evidencias recaudadas, la detenida habría dispuesto todo y conocería los móviles reales del plagio.
La segunda mujer fue capturada en plena vía pública en Chachaguí, Nariño y se identificó como Gladys Yolanda Pinta. Es excompañera sentimental del primer judicializado dentro del caso, José Germán Paiguatian Insandara, quien también fue detenido por la Policía Nacional.
Gladys Yolanda Pinta, es señalada de ser uno de los autores materiales del secuestro, y en su contra hay testimonios que la responsabilizan de acompañar a Germán Paiguatian en el rapto, traslado y entrega de Nicole a una banda delincuencial.
Vale la pena recordar que la hipótesis más fuerte está relacionada con una venganza por algunas diferencias personales, no muy claras todavía, con la familia de Nicole Palacios. Versión que será conocida tras la presentación ante un juez de control de garantías de la determinadora, Blanca Digna López López.
Las investigaciones continuarán para dar con el paradero de la pequeña de seis años y esclarecer los móviles de su desaparición. De igual manera, la Policía Nacional reafirma la recompensa fijada con el Ministerio de Defensa, las autoridades departamentales y municipales, de hasta 200 millones de pesos para quien brinde información que permita poner fin a este repudiable caso.
