El abandono carcome a los costosos cementerios rurales de Colombia

La mayor parte de los cementerios manejados por la Iglesia no cuentan con una administración adecuada, según estudio divulgado en Bogotá.

Por regulación de la Secretaría de Salud, las tumbas de tierra van a desaparecer en el cementerio de Puente Nacional, medida que pretende hacer un cambio radical en el territorio sacramental. Sin embargo, para Ana Isabel Valenzuela, habitante del municipio, esta medida la ha trasnochado porque debe librar una batalla económica y sentimental, pues no tiene los recursos necesarios para hacer la correspondiente exhumación del cuerpo de su familiar.

El dolor de cabeza para Doña Ana Isabel, que es el mismo que afecta a muchas otras personas en varios lugares de Colombia, radica en las exorbitantes tarifas que cobra la iglesia, las cuales están entre 1, 300,000 o $1, 700,000 dependiendo de la ubicación de la bóveda; a esto se le suma 50,000 pesos que se le deben cancelar al sepulturero. Pero, lo que más le preocupa a la señora Valenzuela es el tiempo de cancelación de la tarifa, ya que si no cumple los plazos establecidos por la Iglesia, el cuerpo de su familiar iría a una fosa común.

Las exageradas tarifas son más común de lo que parece en distintas zonas rurales del país. Los cementerios manejados por la Iglesia no tienen una administración adecuada, les falta mantenimiento, inclusive, la vegetación ha tapado algunas tumbas y mausoleos.

Esta denuncia la realizó el presidente del Comité Funerario de Fenalco Bogotá y Cundinamarca, Armando Franco, quien afirma que “las tarifas impuestas por el Clero sobrepasan en algunos casos las de las empresas privadas, cuando son estas últimas las que ofrecen un servicio innovador y de calidad”

Y realmente al ver las cifras, estas no mienten. La investigación la realizó Bells Medios, entidad que presentó un análisis tarifario en distintos municipios de país donde se comprobó que las parroquias municipales -propietarias y administradoras- tienen altos precios en los cementerios rurales. De igual forma se evidencia la abrumadora diferencia de las altas tarifas entre municipios cercanos.

Por ejemplo, en Antioquia se tuvieron en cuenta tres municipios para hacer la comparación correspondiente. Por el alquiler de una bóveda de un lapso de cuatro años, en Ebéjico se cobra 530.000 pesos mientras que Sabaneta tiene una tarifa de 500.000 pesos. Pero, el municipio más costoso es Sopetrán, recaudando 620.000 pesos, por tres años de arriendo.

En el caso de Quindío las cifras son descomunales. Por los mismos cuatro años de alquiler, el municipio de Salento tiene ingresos de 450.000 pesos, mientras que Quimbaya es el municipio que más recolecta dinero en los cuatro años, la cifra es de 750.000 pesos.

Cundinamarca no es la excepción. Por seis años, Sopó adquiere 750.000 pesos, mientras que por 7 años el cementerio de Madrid cobra con 680.000 y Guasca, con un costo de 940.000 pesos se posiciona como el más costoso.

645.000 pesos cobra el municipio de Jenesano, en Boyacá, mientras que en el municipio de Boyacá, que lleva el mismo nombre del departamento, se cobra unos 700.00 pesos por siete años de arriendo. Quindío, Cundinamarca y Boyacá son los departamentos en donde más se evidencian contrastes tarifarios, sin importar la distancia entre estos, el estado físico del cementerio o el nivel socioeconómico de la población; cada parroquia tiene la libertad y autonomía de imponer su propio precio.

En Tocancipá, Cundinamarca, el alquiler de una bóveda por 7 años cuesta $750.000, mientras que en Guasca tiene un costo de $940.000. Ambas pertenecen a la misma diócesis de Zipaquirá.

Entonces, ¿quién o quiénes son los responsables en determinar el cobro de estas disparejas tarifas? Pues el debate empezó cuando se consultaron a los implicados en el cobro tarifario. La iglesia no parece ponerse de acuerdo. La Conferencia Episcopal de Colombia asegura que las respectivas diócesis son las encargadas de fijar los precios de las bóvedas y los párrocos deben cobrar en cada municipio.

Sin embargo, las mismas diócesis dicen que se rigen por normas, pero que el costo de las bóvedas no está en este estatuto y es decisión solamente de los párrocos.

Es por esta razón que Franco afirma que “el sostenimiento de estos terrenos ha pasado al olvido y la responsable de la administración de estos recae en las parroquias. Si hacemos un censo de todos los cementerios municipales, teniendo en cuenta quienes cumplen con las normatividades, vamos a encontrar que solo aproximadamente un 30% está al día con esto”

Ante tal panorama, Fenalco, junto con el sector privado, proponen trabajar de la mano con la Iglesia Católica para equilibrar el mercado y mejorar el estado de los cementerios, así como los servicios a los usuarios.

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