Peligro, niños en la vía

Bogotá

Los niños vuelven a estar en el foco de los medios por cuenta de noticias que no son nuevas, pero sí graves. Mientras en Atlántico, Chocó y Guajira miles de niños reciben alimentos en descomposición, en Bogotá un menor murió y 20 compañeros más fueron internados por intoxicación por inhalar sustancias adictivas baratas. Después, como pasa siempre, salieron a flote otras denuncias.

En ambos casos algunos hay elementos comunes: dinero y falta de control. Los contratos que suscribe el ministerio de Educación al año con las secretarias para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) supera el billón. En los casos evidenciados de comida dañada, los contratos superan los 15 mil millones, pero en la Guajira los niños mueren de desnutrición. En el caso de la droga en Bogotá, se trata de un negocio en auge que controlan más de 100 bandas en la capital que, de una u otra manera, tienen relación con más de 300 ollas donde expenden y consumen vicio.

“Es vergonzoso que se haga política y negocios con la alimentación de los niños”, dice el viceministro de Educación y luego anuncia que con las “ías” van a “desenmarañar” la corrupción. “Esto funciona como una microempresa. Cada combo se establece en un colegio”, dice un estudiante del Marco Fidel Suárez, que dice ganar hasta 100 mil pesos en un día por vender droga en el colegio.

El libreto es el mismo siempre: escándalo en los medios y el debate de la coyuntura, una reacción mediática –se anuncian medidas administrativas, se expiden órdenes de captura, se propone un proyecto de ley—y se le da un manejo político con el despido de un mando medio o la orden de suspensión del contrato, cosa que nunca se puede en la práctica, y hasta ahí llega el tema. Se culpa al Estado, al colegio, al padre de familia, al alcalde, a internet, al 123, a la Policía, pero no hay solución de fondo.

Pasó con la erradicación de las ollas en las principales ciudades del país de las cuales en Bogotá se han desmantelado 23 de 321. Sucede con los contratos de los colegios y jardines infantiles donde los contratistas por lo general trabajan para los políticos o éstos mismos son los dueños de empresas que contratan con el Estado servicios de salud, vigilancia y alimentación, como se denunció una vez desde la Cámara al ICBF pero no pasó nada y uno de cuyos supuestos beneficiarios está esperando que lo nombren cónsul en Chicago.

La única diferencia entre ambos casos es que mientras en el de la comida dañada en los colegios afecta a los niños más pobres de los departamentos más pobres, el de la droga es un problema que afecta por igual a estratos altos y bajos, como se reconoció en el debate de Hora 20 la semana pasada.