Procuraduría demanda a Aerocivil atención al aeropuerto de San Andrés
El requerimiento surge tras reportes de irregularidades y problemas de funcionamiento del terminal aéreo.
La procuraduría Judicial Ambiental y Agraria de San Andrés solicitó al director de la Aerocivil Gustavo Alberto Lenis se adopten las medidas necesarias de manera inmediata para que el aeropuerto de las islas tenga un adecuado funcionamiento, acorde a su importancia y sobre todo un trato digno para las personas tanto locales como visitantes
La solicitud está consignada en un requerimiento que el ministerio público hiciera al director del organismo ante las denuncias del daño que presentan las máquinas de chequeo y revisión de equipajes, lo que hace que la función manual sea tediosa, odiosa e insoportable tanto para quienes van de salida como quienes llegan y qué decir de las pocas escaleras eléctricas que tampoco funcionan
Los aires acondicionados están inservibles o fuera de funcionamiento pues el calor es insoportable durante todo el día, lo que genera mucho malestar en viajeros. Señala la representante del ministerio publico que no se conduele que un sitio turístico como la Isla de San Andrés en la que los diferentes gremios han invertido tiempo, trabajo y recursos para posicionarlo como un destino frecuentado; se pierda por las condiciones en que se recibe o se despide al turista
Por último señala que las molestias son generalizadas pues además consideran que dentro del pago que hacen a sus tiquetes e impuestos tiene que estar garantizado el servicio adecuado o las mínimas condiciones de comodidad más cuando hay vuelos hasta altas horas de la madrugada pudiendo observar las personas desplegadas por todo el aeropuerto incluido andenes exteriores buscando el confort que no tienen
Concluye la procuraduría preguntado al director de la Aerocivil si cree que esa imagen es la que se debe tener en San Andrés
El Aeropuerto “Rojas Pinilla” de la Isla de San Andrés, desde febrero de 2015 está siendo administrado nuevamente por la Aeronáutica Civil colombiana; luego que el Gobierno Nacional diera por terminado el contrato de concesión que tenia con el consorcio chileno Casyp.
