Ordenan archivar investigación contra asesora jurídica de Duitama

La Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, ordenó la terminación de la actuación y en efecto el archivo definitivo del proceso que se adelantaba en contra de la asesora jurídica de la Administración de Duitama, Nidyam Alexandra Guerrero Briceño, en su calidad de gerente encargada del Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama, Culturama, en donde manifestó que no se encontró ninguna irregularidad en la feria artesanal efectuada en los años 2014-2015

 Alexandra Guerrero, asesora jurídica de la administración de Duitama, dijo a Caracol Radio: “la Procuraduría practica una serie de pruebas haciendo una visita especial al Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama, donde verifica el tema presupuestal y se encuentra con los recibos de los 70 millones de pesos, consignación que se hizo en el Banco de Bogotá en las cuentas oficiales del instituto, así como los libros de ingreso y egreso”

 Asimismo la Procuraduría logró establecer que las pruebas analizadas en el proceso, lograron determinar que “la funcionaria que se desempeñó como gerente encargada de Culturama, para la época de los hechos, no incurrió en ninguna irregularidad respecto al cumplimiento de sus deberes, por haber recibido de parte del señor Gilberto Osorio la suma de 70 millones de pesos y por haberla entregado al segundo día hábil a la fecha de su recibo a la tesorera de Culturama”

 También se dio a conocer que: “se encuentra legal que por parte de la gerente de la época, se optara no consignar los recursos el 30 de diciembre del 2013, una vez fueron recibidos, ya que si hubiese procedido a la consignación de dichos dineros, éstos no se hubiesen podido utilizar para la ejecución de las ferias y fiestas del 2014”

 Hay que señalar que la denuncia del concejal de la ciudad, Henry Gutiérrez en donde señalaba que la feria artesanal del año 2015 se había otorgado gratuitamente, “la Procuraduría  no halló evidencias, puesto que los dineros fueron relacionados como patrocinio pagados directamente por la oferente a las empresas encargadas de la producción”, señala apartes del proceso que adelantó el Ministerio Público.