Consejo de Estado anuló contratos de arriendo de las Islas del Rosario
La Procuraduría también había emitido un concepto indicando que la UNAT no tenía competencias para dichas adjudicaciones
El Consejo de Estado anuló la resolución de la Unidad de Tierras Rurales, que desde el año 2008, reglamentó los contratos de arrendamiento vigentes en las Islas del Rosario y en el Archipiélago de San Bernardo
El alto tribunal conceptuó que la competencia para regular dichos contratos en las islas recae en el Ministerio de Ambiente
Pese a la anulación de dicha norma, el fallo no se ocupó de determinar si los contratos de arrendamiento que actualmente tienen vigencia, son legales o no
El fallo con ponencia del magistrado Hernán Andrade indicó que "el legislador no facultó a la UNAT para expedir reglamentos acerca de la nueva contratación sobre bienes baldíos. Solamente le asignó funciones sobre contratos en ejecución" asignados por el Incoder entre el año 2006 y antes del año 2008
La sección tercera hizo este pronunciamiento por una demanda presentada en el año 2009 por Juan Gabriel Varela Alonso, quien consideró que dicha Unidad, creada tras una reforma al INCODER, no era competente para emitir tal regulación
En su demanda explicó que la resolución 44 de 2008 no tiene "justificación legal y social de fondo, ni criterios reales ni sustentables para determinar las tarifas de arrendamiento"
Además afirmó que se hizo sin "haber concluido muchos procesos en curso, acerca del carácter de baldío de los respectivos predios, sin requerir a los ocupantes y conocer la situación jurídica a plenitud".
