Sector Justicia en desacuerdo con la reforma de equilibrio de poderes
Aseguran que el proyecto busca politizar la justicia y colocarla al nivel de la justicia de Venezuela
La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial rechazó el proyecto que cursa en el Congreso sobre la reforma a la justicia, hizo fuertes críticas al nuevo modelo que platea el Gobierno. Advirtió que en la reforma no se plantea una solución a la carencia de autonomía presupuestal y tampoco a la falta de personal para descongestionar los despachos judiciales
“Como carencia de autonomía presupuestal ante la cual el proyecto de reforma no establece solución de fondo, generando por el contrario un sometimiento presupuestal al Gobierno, que trae como consecuencia que la ejecución de políticas no sea eficaz por no contar con un desembolso de dinero o flujo de caja oportuno”, dice el documento de la Comisión
El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Hermens Dario Lara explicó que la intensión del Estado es crear un director de la magistratura que tendría poder sobre la justicia, bajó las órdenes del presidente como en Venezuela
“El director podría llegar a ser como el director de la magistratura de Venezuela que hace parte del partido del Gobierno que es ponderado por el señor presidente quien lo considera como un activista revolucionario (…) es lo que no debe ser la independencia judicial en un país democrático”, dijo el magistrado
Concuerda con la Comisión: “una politización interna de la Rama Judicial; rompe el equilibrio entre las distintas jurisdicciones, no sólo en materia de término de permanencia de sus representantes, sino también en el entendido de que la jurisdicción que tenga mayor número de funcionarios”
Añade “no brinda las garantías de transparencia que busca la ciudadanía en la conformación de las ternas, lo que conlleva a la mutación de la figura de la “puerta giratoria”, cuando en realidad, la importancia de tales cargos, amerita la realización de un verdadero concurso de méritos, con prueba técnica”
Por eso piden al Gobierno que replanteé el proyecto de reforma a la justicia y que tenga en cuenta las opiniones de las Altas Cortes, los tribunales y los jueces, “debe ser resultado de un estudio serio y ponderado, concertado con la participación de representantes de las cuatro Altas Cortes, de la totalidad de Tribunales y Jueces, integrantes de la carrera judicial y empleados, que a diario, enfrentan los problemas de la Administración de Justicia”.




