Santos explica por qué hasta ahora propone modificación a Ley de Garantías

El presidente Juan Manuel Santos defendió la modificación a la ley de garantías para permitir que alcaldes y gobernadores inviertan presupuestos en el marco de las elecciones, afirmando que se trata de una medida para contrarrestar el impacto de la reducción de las regalías por la baja en los precios del petróleo

Según explicó en el programa institucional ‘Agenda Colombia’, “hasta este momento se pudieron liquidar las regalías con base en la baja del precio del petróleo, antes no se sabía cuánto se iban a reducir esas regalías”

“Apenas se decretó la reducción, el congelamiento de $5,2 billones, fue que dije, esto tenemos que contrarrestarlo en alguna forma y ahí surgió esta posibilidad, que ojalá la podamos poner en marcha, se está discutiendo la forma legal para hacerlo”, precisó el jefe de Estado

Considera que esto se debe realizar por “lógica económica” y frente a las acusaciones sobre politiquería, oportunismo, o mermelada, el mandatario aseguró que “es todo lo contrario, es oportunismo positivo, es una medida oportuna y necesaria para mantener el buen ritmo de las inversiones en las regiones”

Se trata de que no se paralice la inversión, “porque se termina paralizando entre junio de este año y diciembre de 2016”, según sus cálculos

Para el mandatario, se debe tener en cuenta, no solo los meses que ordena la ley el congelamiento de las contrataciones, sino además que “nadie va a hacer obras con nuevos alcaldes y gobernadores, y mientras esos nuevos alcaldes y gobernadores se posesionan el primero de enero, y aprenden a ejecutar y aprueban sus planes de desarrollo, pasa una año, eso ha sido así”

Calificó ese condicionamiento que se incluye en la Ley de Garantías como un obstáculo, que “desde el principio fue una exageración, porque como dicen muchos alcaldes, acaban de 48 meses de gobierno, pudiendo ejecutar 18 o 19 meses, eso no tiene ningún sentido”

Garantizó que los controles sobre la contratación continuarán y se fortalecerán, porque no se trata de convertir el tema de la ejecución en “una fiesta” que se haga con los recursos públicos