​Palacio de Justicia, 29 años de búsqueda
El caso del Palacio de Justicia se mantiene vivo en los estrados judiciales en Colombia y en el exterior.
En la segunda semana de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó al Estado del fallo que lo responsabilizó la de desaparición de 13 personas, la ejecución extrajudicial de un magistrado auxiliar y de las torturas y tratos crueles a otros cuatro ciudadanos, por lo que ordenó que se mantengan las investigaciones hasta ubicar a los responsables y se indemnice a las víctimas, lo que a juicio del gobierno costaría 7 billones de pesos
Simultáneamente, la Corte Suprema de Justicia estudia un proyecto de fallo que plantea absolver al coronel (r) Alfonso Plazas Vega, condenado a 30 años por haber hecho parte de una empresa ilícita, integrada también por agentes del Estado, que actuó con un modus operandi para la desaparición de los trabajadores, civiles y guerrilleros que salieron vivos del Palacio. El proyecto de fallo del magistrado Luis Guillermo Salazar dice que no existen pruebas que vinculen al oficial con estos hechos
Comenzando el 2014 había sido detenido el sargento (r) del Ejército, Bernardo Alfonso Garzón, considerado el eslabón perdido en este proceso, y testigo clave para ubicar a los desaparecidos durante la retoma del Palacio. Para el 6 y 7 de noviembre de 1985 hacía parte del batallón Charry Solano, donde fueron llevadas algunas de las personas que salieron vivas y que fueron sometidas a torturas como Yolanda Santodomingo y Eduardo Mazo
Para esa misma época, la Fiscalía anunció que llamaría a declarar a los miembros del gabinete del presidente Belisario Betancur, para conocer las decisiones tomadas la tarde del 6 de noviembre de 1985
Al expediente también fueron vinculados el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano y los generales Jesús Armando Arias Cabrales e Iván Ramírez Quintero como responsables de los desaparecidos
En septiembre, la Fiscalía logró identificar los restos de dos guerrilleras que participaron en la toma del Palacio. Mónica Molina Beltrán y Carmen Cristina Garzón Reyes
Mientras todo esto ocurre, el procurador General, Alejandro Ordóñez, y miembros del Centro Democrático siguen insistiendo ante los estrados judiciales en la inocencia del coronel Plazas Vega, esposo de la senadora uribista Tanya Vega.
