Requerimiento a la Alcaldía de Cartagena por túnel y puente de Crespo

Ante las graves denuncias formuladas por la comunidad, los medios de comunicación y las quejas ciudadanas respecto al cúmulo de irregularidades que rondan la ejecución de dos megaproyectos de infraestructura en la capital de Bolívar, la Defensoría del Pueblo requirió al alcalde mayor, Dionisio Vélez, para que envíe un informe sobre los conceptos de la Administración Municipal en este sentido, y para que haga seguimiento estricto de las afectaciones a los derechos de los ciudadanos como consecuencia de las obras

De la información recopilada a través de la Defensoría Regional, se desprende que lo que se concibió inicialmente como una solución a los problemas de movilidad, una respuesta a la erosión costera y una oportunidad para optimizar el disfrute de las playas, terminó convertido en una fuente de profundos cuestionamientos e inconformismo por parte de la comunidad

En relación con el Túnel de Crespo, las denuncias formuladas advierten problemas como filtraciones del agua de mar, falencias en la calidad del concreto y la estructura metálica, así como inestabilidad en la obra, situación que podría hacerla colapsar si no se toman los correctivos del caso

Llama la atención lo expresado por la Agencia Nacional de Infraestructura, en el sentido de que hay serios retrasos en la entrega de los trabajos, debido a que por los problemas estructurales de la obra se hace necesario un reforzamiento pues el deterioro podría hacerse manifiesto en un período de entre 5 y 10 años

Respecto al Puente de Marbella, las objeciones ciudadanas dan cuenta de notorios impactos negativos por la remoción de grandes cantidades de arena y la injustificada restricción visual hacia el mar, en razón al levantamiento mismo del puente, situación que no estaría contemplada en los diseños iniciales

Es preciso indicar que si bien la autoridad ambiental aprobó las intersecciones y su conexión con la Avenida Santander, no se hizo alusión expresa a la construcción de un puente sobre rellenos, hecho que se suma a las dudas respecto a que el Plan de Ordenamiento Territorial señala a este corredor vial como eje especial ambiental, y corresponde a suelos catalogados como área de protección y conservación de los recursos naturales y paisajísticos de Cartagena

Todo lo anterior, sin contar con las múltiples quejas por la ausencia de espacios de concertación con la comunidad, que de acuerdo con el artículo 79 de la Constitución y reiteradas sentencias de la Corte Constitucional, debe ser consultada para esta clase de decisiones

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo solicitó al Alcalde Mayor de Cartagena remitir copia de los conceptos y pronunciamientos de su despacho en relación con ambos proyectos, así como realizar estricto seguimiento y verificación de las presuntas irregularidades, a fin de garantizar los derechos a la participación democrática, al goce de un ambiente sano, al goce de los bienes naturales y el paisaje cultural, y a la dignidad de las comunidades

En este mismo sentido, la Defensoría Regional Bolívar pidió respuestas oficiales a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y al Consorcio Vía al Mar, encargado de la obra, con el propósito de orientar las acciones que de cara a la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos emprenderá la Institución.