En riesgo siete zonas del país por la salida de paramilitares de la cárcel
El Gobierno presentó un plan de choque para proteger a los defensores de DDHH.
Frente a la inminente salida de los miembros de grupos paramilitares bajo el amparo de la ley de Justicia y Paz, el Gobierno Nacional presentó un plan de choque con el que espera garantizar la seguridad a los defensores de Derechos Humanos en el país
De acuerdo con un primer análisis realizado por el ministerio del Interior, se identificaron siete zonas del país, que incluyen zonas de Córdoba, Bajo Cauca, Medellín, Valle de Aburrá, Magdalena Medio, Cesar y Atlántico
El ministro del interior, Juan Fernando Cristo, explicó que con el propósito de prevenir que este regreso a la sociedad signifique el recrudecimiento de la violencia, se acordó trabajar un plan de prevención
El Gobierno Nacional “se ha comprometido desde ya, con los gobernadores, en un plan de prevención y protección para lograr que la salida de esos postulados, podamos estar preparados primero, para reinsertarlos para que no vuelvan al delito y segundo, que si lo hacen no causen daño a los defensores, ni a los jueces”
Precisamente se reactivó la Mesa Nacional de Garantías para Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales y Comunales, tras un año de no reunirse, que incluye además a instituciones como la Fiscalía General y la Unidad de Protección
El Consejero Presidencial para los DDHH, Guillermo Rivera, explicó que se incluyen acciones para algunas de las víctimas “como escoltas, vehículos blindados y seguramente otras van a requerir otras medidas que evaluará el Gobierno”
“El mensaje del Gobierno es que estamos evaluando su situación y vamos a tomar las medidas necesarias para protegerlas y para cumplir el contrato de las garantías de no repetición”, precisó el funcionario
Acciones como la elaboración de un nuevo mapa de riesgos sobre las víctimas, políticas de protección que vayan más allá de los chalecos antibalas y la reorganización de la fiscalía, son otras de las acciones que se implementarán para garantizar la seguridad y el trabajo de los defensores de derechos humanos en el país.
