Duras críticas de jueces y magistrados a reforma de equilibrio de poderes
Afirmaron que no deben expedir reformas judiciales de coyuntura sin tener previsión presupuestal necesaria.


Unos 156 jueces y 34 magistrados del país asistentes al noveno conversatorio nacional sobre sistema acusatorio penal especializado que culmino este viernes en la isla, consideran que la rama judicial perdería su autonomía funcional, financiera e independencia y de ello se apoderarían el ejecutivo y el legislativo con el pretexto de la creación del tribunal de aforados.En un documento que hiciera público al cabo del encuentro, la administración de justicia penal llamo la atención al país por el trabajo realizado en los últimos años en la persecución y juzgamiento de la corrupción del poder político y económico del país, que se ha producido en todos los órdenes de la jurisdicción desde la corte suprema de justicia, sin duda por la autonomía actual, con el apoyo de la existencia de la carrera judicial.Así mismo proponen que la selección de los miembros del tribunal de aforados debe ser dentro de la rama judicial pero por un concurso abierto y público, estableciendo rigurosas exigencias personales de edad, capacitación, experiencia y antecedentes en el foro jurídico del país, por ejemplo seleccionados entre los diez mejores puntajes de magistrados calificados reiteradamente en carrera judicial en los últimos diez años.De abogados en ejercicio que hubiesen ejercido la profesión en los últimos veinte años con examen relevante de por lo menos diez casos en los cuales hayan intervenido eficazmente en los últimos diez años.También que el legislativo y el ejecutivo no deben expedir reformas judiciales de coyuntura sin tener la previsión presupuestal necesaria para su funcionamiento.Y sostienen que debe aplazarse la entrada en vigencia de los sistemas orales hasta que se tengan los recursos para funcionar en forma permanente y no por descongestiónPor último Fabio Bernal magistrado de la sala penal del tribunal de Bogotá, quien dio a conocer el documento anoto que los sistemas orales necesariamente exigen más jueces, mas fiscales, más empleados y más auxiliares de policía judicial.
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