Contraloría denuncia “presiones indebidas de la Fiscalía” a funcionarios

Mediante un comunicado fueron anunciadas las investigaciones que se adelantan.

Según la Contraloría “el control fiscal en Colombia viene siendo objeto de una censura en tiempo real y los funcionarios de la Contraloría General de la República están siendo sometidos a una presión indebida como consecuencia de la persecución permanente de la Fiscalía”, liderada por el fiscal Eduardo Montealegre, “antiguo abogado de Acemi y Saludcoop

Dice la Contraloría en un comunicado que “las personas que han adoptado las decisiones de responsabilidad fiscal sobre Saludcoop, DNE, Chance de Caldas, Túnel de la Línea, Autopista Bogotá Girardot, Conigravas, Aerocafé y Servigenerales (de Alberto Ríos)  están siendo investigadas”

Según el ente de control, “se adelantan investigaciones “maliciosas, contra la Contralora General de la República y alrededor de 70 funcionarios de esa entidad que en forma permanente deben soportar las pesquisas en sus sitios de trabajo a cargo de los agentes del CTI, enviar comunicaciones y documentos incluso dos veces diarias, y asistir a las múltiples diligencias a que se les cita desde hace más de dos años”

Este es el comunicado: "La Contraloría General de la República de Colombia manifiesta públicamente el rechazo a la forma avasallante y arbitraria como se viene comportando la Fiscalía General de la Nación regentada por Eduardo Montealegre Lynnet, antiguo abogado de ACEMI y Saludcoop, Presidencia de la República, Enerpereira, entre otros, toda vez que además de las investigaciones acuciosas, constantes, maliciosas, contra la Contralora General de la República y alrededor de 70 funcionarios de esa entidad que en forma permanente deben soportar las pesquisas en sus sitios de trabajo a cargo de los agentes del CTI, enviar comunicaciones y documentos incluso dos veces diarias, y asistir a las múltiples diligencias a que se les cita desde hace más de dos años, ahora ante esta modalidad de auditoría permanente para establecer en tiempo real y con suma eficiencia los delitos a cometer, no dudan en presionar el sentido de las decisiones. Las personas que han adoptado las decisiones de responsabilidad fiscal sobre Saludcoop, DNE, Chance de Caldas, Túnel de la Línea, Autopista Bogotá Girardot, Conigravas, Aerocafé y Servigenerales (de Alberto Ríos)  están siendo investigadas. Sin embargo en el caso del chance de Caldas, en el que anticipadamente se renegoció el contrato para reducir la tarifa a quien al parecer tenía vínculos comerciales con el Gobernador de la época, no solo abordaron la oficina del funcionario cuando este se disponía a adoptar una decisión de imputación, sino que además le advirtieron de un posible prevaricato y el día de hoy solicitaron copia de dicha decisión ya adoptada y  una prueba que había sido pedida por el presunto responsable. Las investigaciones comprenden desde las presuntas interceptaciones ilegales hasta la decisión administrativa de suspender labores por fumigación de la sede. En ese orden de ideas el control fiscal en Colombia viene siendo objeto de una censura en tiempo real y los funcionarios de la Contraloría General de la República están siendo sometidos a una presión indebida como consecuencia de la persecución permanente de la Fiscalía desde el momento mismo en que se denunció la conducta del señor Fiscal con Saludcoop con lo cual desconoce la autonomía constitucional del órgano superior de Control Fiscal y genera un desequilibrio de facto de los poderes públicos donde la Fiscalía funge de órgano de control del Control Fiscal criminalizando las decisiones proferidas para recuperar los dineros de los Colombianos que se han apropiado indebidamente por terceros y las decisiones administrativos para garantizar las mínimas condiciones de seguridad, salubridad y funcionalidad de la entidad, con exactamente el mismo presupuesto que anualmente se le venía asignando a la Controlaría, desde el 2010, sin que haya habido incrementos significativos, entidad que era hasta antes de esta administración reconocida por la precariedad de su infraestructura y la demora en sus actuaciones.Pareciera que ahora en Colombia, sin que medie reforma constitucional alguna, en la Unidad de Contexto, recién creada en la Fiscalía, se haya identificado el Control Fiscal como actividad de alta peligrosidad y por lo tanto haya sido necesario formular como política criminal prioritaria la lucha contra la Contralora y los más eficientes funcionarios de la entidad". 

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