En 2015 crearán la Superintendencia de Educación
Estará encargada de ejercer la inspección, vigilancia y control de las instituciones educativas.
El Consejo Nacional de Educación Superior, (CESU), en cabeza de la ministra de Educación, María Fernanda Campo, entregó al presidente Juan Manuel Santos la Política Pública para la Educación Superior que el mandatario acogió como propia y aseguró que realizará las gestiones necesarias para implementarla
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El mandatario al recibir el documento 'Acuerdo por lo Superior -2034: propuesta de Política Pública para la excelencia de la educación superior en Colombia señaló que “nos comprometemos a acoger este Acuerdo y a liderar su progresiva ejecución. Haremos las gestiones jurídicas y políticas que se necesiten para hacerlo realidad”
Según el punto nueve del acuerdo se deberá “diseñar un nuevo modelo de inspección y vigilancia que permita más calidad y transparencia”
En el documento que publicó Caracol Radio, se establece la creación de “la Superintendencia de Inspección y Vigilancia de la Educación, para que reciba la delegación que actualmente está en el MEN y en los entes territoriales”
La entidad deberá contar con personería jurídica, “lo que le otorgaría la capacidad de ser sujeto de derechos y obligaciones para poder desarrollar autónomamente sus funciones”
De manera que “sería un ente autónomo frente a los organismos que establecen los lineamientos de política de calidad y de fomento, y a los que autorizan la creación y el funcionamiento de las instituciones de educación superior y de programas”
El Ministerio de Educación participaría en la orientación, coordinación y control de las funciones de la Superintendencia, “sin que ello le implique una subordinación que le reste autonomía e independencia a sus decisiones”
Esto se haría a través de un proyecto de ley del Gobierno Nacional donde se propone que existan dependencias regionales, para evitar la centralización, teniendo en cuenta la dispersión geográfica de las instituciones
La financiación se haría a través de recursos públicos, sumados, como en otros sectores, a otras fuentes como las multas y el pago de “una tasa de vigilancia a cargo de las instituciones, sin incluir a las estatales, de educación superior”
El documento establece además la creación de una ‘Agencia Nacional de Calidad y Acreditación (ANC), que se encargará de los procesos de acreditación de los programas e instituciones educativas superiores
El documento de 210 páginas desarrolla la Política Pública en 6 capítulos y se construyó con más de 33.000 propuestas y cuenta con 136 lineamientos para avanzar hacia el sistema de educación deseado para los próximos 20 años
