El poder militar debe estar al servicio del poder civil: Angelino Garzón
En una carta abierta el vicepresidente hizo una exhortación a los servidores públicos al respeto de la democracia.


El vicepresidente Angelino Garzón se pronuncia a raíz de la crisis que se desató en el Gobierno por las revelaciones de la Revista Semana de posibles hechos de corrupción en el Ejército Nacional
“El poder militar está siempre al servicio del poder civil y no el poder civil al servicio del poder militar”, escribió el funcionario
Añade que por respeto a la democracia, los militares y policías deben entregar siempre la información que requiera, tanto el Ministro de Defensa como el Presidente de la República, en todo lo relacionado a la protección de la seguridad nacional, en la lucha contra los grupos armados ilegales, contra la corrupción y en la defensa de los derechos humanos
“Es obligación constitucional que los militares y policías deban tener siempre un espíritu de cuerpo con el Ministro de Defensa y con el Presidente de la República. Una cosa es defender institucionalmente a la Fuerza Pública y otra cosa es permitir que la corrupción o las prácticas ilegales terminen haciéndole más daño que la actividad de los grupos armados ilegales”, señala Angelino Garzón
Dice que en la democracia, es apenas natural que la población y los medios de comunicación desarrollen mecanismos de control a las instituciones y a la actividad de cada uno de los servidores públicos
“A mayor democracia, mayor participación y control de la ciudadanía. No es la democracia la que se ajusta a la institución o a los servidores públicos sino que son ellos los que se tienen que ajustar a la democracia y a la Constitución Nacional. La corrupción como la violencia son contrarios a la democracia y al derecho de la población a vivir con tranquilidad, con libertad y en paz”, agrega en su carta
También considero, que todos los servidores públicos, como todas las personas, tienen derecho al debido proceso y ese derecho solamente lo pueden garantizar los fiscales, los jueces y los entes de control del Estado, que en sus investigaciones tienen el deber de demostrar que son más eficientes que los particulares. Una pregunta que surge por las denuncias presentadas es: ¿quién o quiénes autorizaron estos procedimientos y por qué no salieron por los conductos regulares? La población tiene derecho a conocer la verdad de todo lo que está pasando dentro de una política pública de Derechos Humanos.




