Fue demandado ante la Corte Constitucional el Incidente Fiscal

La ley 1695 del 17 de diciembre del 2013, del Incidente de Impacto Fiscal, que señala que bajo ninguna circunstancia se podrá invocar la sostenibilidad monetaria para menoscabar los derechos, fue demandada por el abogado y especialista en derecho constitucional, Rodolfo Arango. Arango argumenta que ésta ley imposibilita la efectiva reparación a las víctimas y que contrario a lo que dice, a través de ella, el Estado podrá interferir en los fallos de las acciones de tutela, para demorar la reparación de los derechos fundamentales que en muchos casos se hacen a través de inversiones a programas. Según Arango el Estado podría argumentar insostenibilidad fiscal. “Lo grave aquí es que se sacrifica al individuo que quiere ver satisfecho su derecho con la tutela, por el hecho de que el estado debe ser sano en sus finanzas, no debe endeudarse y entonces la persona tiene que esperar que 5 o diez años hasta que el estado tenga plata para que la ayuden”, señaló Arango. Según el abogado esta ley tiene un vacío que permite que el estado imponga el tiempo en que puede restablecer a las víctimas

“Lo grave aquí es que por primera vez el ejecutivo podrá intervenir en las decisiones de la justicia y por ejemplo un caso que lleva 8 o 10 años de litigio ante el contencioso administrativo podría demorarse más. Es posible que cuando salga la sentencia y la persona vaya a ver satisfecho su derecho, llegue un funcionario del Gobierno y diga que eso puede afectar las finanzas del Estado”, señaló Arango. De otro lado, María del Pilar Arango, presidenta del Observatorio de Justicia y la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, mostró su preocupación al respecto. “El artículo 14 dice que si finalmente la corte decide que no se le acepta al estado el argumento de insostenibilidad, igual la decisión estará sujeta al plan de cumplimiento que propone el Gobierno”, indicó la abogada. Arango cuestionó el trámite pues según ella el gobierno es quien impone su voluntad. “Con cara ganan y con sello también, por que finalmente se termina haciendo lo que el Gobierno propone. El articulo 14 debería decir que se acatará la orden de la Corte, pero entonces le agregan una frase al final que dice: En todo caso las máximas corporaciones judiciales (Corte Constitucional) tendrán en cuenta el plan concreto presentado por el gobierno”, indicó Arango Finalmente se espera que la Corte Constitucional resuelva si acepta o no esta demanda que fue radicada el pasado 24 de enero.