Decreto ‘tumbaría’ controles sobre uso de maquinaria en minería

En el sector de la minería se está generando una polémica por un decreto que está a punto de aprobar el Gobierno Nacional y que va a ‘tumbar’ otro decreto, el 2261 del Ministerio de Industria y Comercio, que prohibía el ingreso y uso de maquinaria de segunda, así como establecía controles para el uso de equipos en la minería ilegal

Según fuentes consultadas por Caracol Radio la norma en su momento se estableció no solo para restringir el ingreso de maquinaría de segunda, que es la que se usa en las actividades mineras ilegales, sino además dio herramientas como permitir que el Gobierno decomise los equipos que detecta que se usan en esta actividad ilegal

El proyecto de decreto, conocido por Caracol Radio, tiene varios inconvenientes según advierten los expertos, uno de los más graves es que está plenamente demostrado que la maquinaria usada y sin licencia es la usada en la minería ilegal

Con la falta de regulación, no se podría individualizar a las personas que se encuentren con esta maquinaria de segunda, tampoco se podría decomisar y mucho menos destruir la que detectan las autoridades como viene ocurriendo actualmente y como se reforzó recientemente mediante un convenio entre el Ministerio de Ambiente y el de la Defensa

Dentro de lo que se elimina específicamente se encuentra el régimen de la licencia previa de importación de la maquinaría, las condiciones de otorgamiento de las licencias para esta actividad, así como la importación de mercancías usadas

Con lo anterior, se estarían violando según las el concepto de los analistas, derechos como la igualdad, al quitar la regulación de la importación de estos bienes frente a otros que se traen al país, así como implica la exoneración de requisitos mínimos para traer la maquinaría, que además puede ser usada

Se argumenta que “la limitación a la importación de la maquinaria usada incrementó los costos de varias actividades productivas legales que preferían la utilización de maquinaria usada a la nueva, lo que además contribuyó al incremento de los precios”

Así como “que es necesario que el presente Decreto entre en vigencia de manera inmediata, ya que busca eliminar requisitos y trámites innecesarios que están afectando de manera significativa la actividad productiva”

Además se reconoce que “las restricciones antes mencionadas (que se establecieron en el decreto 2261), se establecieron con el fin de detener la utilización de maquinaria para la extracción de minerales, sin el cumplimiento de los requisitos legales previstos”

Lo anterior podría representar una lluvia de demandas contra el Estado, teniendo en cuenta la cantidad de empresas o personas que, bajo el mismo argumento, pueden pretender que la Nación les reconozca una indemnización por la afectación que les provocó el decreto 2261, teniendo en cuenta que en la nueva norma se estaría reconociendo el error al instaurar las regulaciones

Es decir, que no se demuestra que la restricción haya afectado al alza los precios del mercado de esta maquinaria, ni tampoco el incremento de los costos en las actividades legales y mucho menos como se está afectando de manera significativa la actividad productiva

Llama la atención que el proyecto de consulta como se publica en www.caracol.com.co, entró en consulta pública tan solo 2 días, el 26 y el 27 de diciembre cuando generalmente la mayoría de las empresas, los empresarios, los expertos y los analistas en el tema no se percataron del proceso y por consiguiente tuvo la mínima participación

Por último, llama la atención que el decreto 2261 fue aprobado por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, el de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, el de Salud, Alejandro Gaviria, el de Minas y Energía Federico Rengifo, el de Comercio Sergio Díaz-Granados, de Ambiente Juan Gabriel Uribe y de Transporte Cecilia Álvarez

Para la nueva versión fueron excluidos los ministros de Salud, de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Transporte; de manera que según el proyecto solo requiere la firma de los ministros de Hacienda, de Defensa, Minas y Energía y el de Comercio.