Directivos de PetroTiger vinculados a sobornos fueron denunciados en 2011
Auditoria que ordenó la propia empresa reveló un faltante de $1.953.594,307 girados a cuentas que prestaron terceros
El 24 de junio de 2011 el abogado de PetroTiger en Colombia, Francisco Sintura, denunció ante la Fiscalía General por los delitos de abuso de confianza y falsedad en documentos privados a los exdirectivos Joseph Sigelman y Gregory Weisman, así como a Juan Carlos Rico y Eduardo Acosta Ramírez
Sigelman y Weisman son investigados junto con Knut Hammarskjold por el Departamento de Justicia de EEUU, el FBI y el fiscal de Nueva Jersey, Paul Fishman, por un soborno de U$333.500 al entonces funcionario de Ecopetrol, David Orlando Durán Flórez, para obtener un contrato por servicios petroleros con la empresa estatal o con alguno de sus contratistas
Una auditoria ordenada por la propia empresa, que venía sospechando de pagos que no contaban con los soportes contables, dejó al descubierto que en PetroTiger Services Colombia Ltd durante la presidencia de Sigelman se habían hecho desembolsos irregulares por una cuantía cerca a los 2.000 millones de pesos
El 16 de junio de 2011 esa auditoría descubrió que de la cuenta de la holding en el Banco HSBC en Estados Unidos, que era manejada de manera exclusiva por el abogado Gregory Weisman, fueron girados U$266.800 al Durán Florez, entonces ingeniero de proyectos de Ecopetrol
La denuncia, que está firmada por el exvicefiscal Francisco Sintura”, señala que “la investigación reveló la existencia de débitos ala cuenta por un valor total de (U$ 266.800) girados a David Durán quien fue el destinatario final de los recursos, luego de que resultaran fallidas otras consignaciones a nombre de Johana Navarro. Estas personas no aparecen como proveedores, clientes, funcionarios o prestadores de servicios de PTS, por lo que los pagos respectivos no tienen relación de causalidad con el giro ordinario de los negocios de la empresa”
Fueron tan graves los hallazgos de la auditoría que con la evidencias en la mano las directivas de la holding llevaron el caso a la justicia de EEUU para que investigara la violación a la ley de prácticas corruptas en el extranjero, conocida por sus siglas en inglés como FCPA. De acuerdo con la investigación para desviar la millonaria partida fueron utilizadas cuentas de terceras personas, identificadas como Eduardo Acosta Ramírez, Jairo Mesa, Ana María Macías Castañeda y Carolina Paola Sierra Gil, para el pago de servicios, en su mayoría de transporte de maquinaria. Lo curioso es que las facturas tenían una fecha posterior a las actas de recibo del trabajo.
