Exmagistrados cuestionan fallo del Procurador contra Petro
Cuestionan que ordene la destitución de un funcionario elegido por voto popular


Los expresidentes de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, José Gregorio Hernández y Carlos Gaviria Díaz, se mostraron en contra del fallo del Procurador, Alejandro Ordóñez , que ordenó la destitución el alcalde de Bogotá, Gustavo Pedro, por las irregularidades que rodearon el cambio en el esquema de la recolección de basuras
Para Carlos Gaviria el Procurador Ordóñez carece de competencia para retirar del cargo a un funcionario elegido por voto popular
“Yo considero que el Procurador General de la Nación no tiene potestad para destituir a funcionario que han sido elegidos popularmente” sostuvo Gaviria
Aseguró que alrededor del fallo se van a dar discusiones sobre la conveniencia o inconveniencia jurídica y otras sobre los fundamentos jurídicos que el Procurador haya invocado. Según el exmagistrado Alfredo Beltrán el poder disciplinario que la Constitución le asigna al Procurador tiene que tener como límite institucional el valor de los votos depositados en las urnas. Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recientemente dejó sin efectos una decisión de la Contraloría de Venezuela que había destituido e inhabilitado a un alcalde de Caracas. “Creo que el Procurador General de la Nación no tendría la competencia para proceder como lo hizo y en cuanto se atribuya la facultad de evaluar decisiones administrativas para que si la Procuraduría no se encuentra conforme con ellas pueda constituirlas como faltas, es una discusión bastante amplia en la que habría que ver si la discrepancia tiene que ver con faltas reales o si simplemente se trata con discrepancias con decisiones administrativas”, indicó Beltrán
José Gregorio Hernández calificó el fallo como una vía de hecho porque a su juicio “una falta disciplinaria no puede estar constituida por una decisión de gobierno”
“La circunstancia de considerar que el alcalde violó la ley –según el Procurador- por el hecho de haber asignado a entidades públicas una función que le corresponde al Estado eso ya nos muestra que estamos frente a una decisión injusta y desconsiderada”, precisó.A su turno, el constitucionalista Juan Manuel Charry, quien admitió que no conoce el texto del fallo, dijo que la decisión del Procurador es legal y que se debe cumplir
“Pero si el proceso reviste la gravedad de que se ha dicho, en el sentido de que ha habido gravedades en la constitución, que se han afectado distritales, que no ha habido eficiencia en la prestación de los servicios yo creo que el fallo es razonable y es consecuente”, subrayó.




