Distrito pide a Fiscalía que investigue contrato de Integración Social

En medio de un debate en el Concejo de Bogotá, Susana Muhammad, secretaria general, reconoció el pasado fin de semana que han encontrado evidencias de influencias negativas de funcionarios de diferentes entidades para entregar contratos a unas empresas específicas y organizaciones no gubernamentales. Muhammad anunció en medio de ese debate que habían remitido la información de un contrato por 18.000 millones de pesos, denunciado por el concejal Juan Carlos Florez, por presuntas irregularidades en la forma en como se adjudicó el convenio, a la Fiscalía General para que iniciara una investigación por las 'evidentes inconsistencias en el contrato'

"Le hicimos el seguimiento e investigamos y si vimos unos indicios de malos manejos que hicimos ya llegar con pruebas mucho más concretas a la Fiscalía. Porque sabemos que esta relación de algunos funcionarios internamente con contratistas sigue operando en algunas secretarías", resaltó la funcionaria. El contrato remitido a la Fiscalía, fue firmado por la ex secretaria de integración social, Teresa Muñoz, con el Consorcio Alimentación Social 2013. A esta empresa, la Contraloría le encontró una bodega con innumerable cantidad de alimentos en estado de descomposición, crema de leche caducada y mercados que no contaban con los requisitos de salubridad que exigen las autoridades. De este mismo contrato se conoció por Juan Carlos Florez, que se había entregado a dos empresas con sede en Villavicencio y la Guajira, que tenía experiencia en reforestación, pero no acreditaban trabajos para el manejo de alimentos, que era el objeto principal del contrato.