México creará políticas para atender desplazados por el narcotráfico

El comisionado Rodrigo Escobar cuestionó que el Estado mexicano no tenga un registro exacto de los desplazados, o que no exista un marco legal y políticas coordinadas para atender la problemática, que ha afectado a miles de familias, especialmente desde 2007

"El desplazado no es un migrante, (...) personas que migran de un lugar a otro porque no tienen trabajo o porque quieren mejorar su vivienda. Estamos hablando de desplazamiento forzado", afirmó

"Hay que tener una política pública integral para la atención de la población desplazada", dijo Escobar, relator para México en la Comisión

Las declaraciones de Escobar se dieron en una audiencia ante la CIDH, órgano independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que organizaciones no gubernamentales denunciaron la magnitud del problema

"Hoy en día este fenómeno es de trascendencia y alcance nacional", dijo Laura Rubio, académica del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

Familiares de sicarios asesinados, periodistas o defensores de derechos humanos, o empresarios extorsionados: unas 160.000 personas han sido desplazadas por la violencia desatada durante la guerra entre las fuerzas policiales y los carteles del narcotráfico, según las organizaciones

“Pero la información, recogida solo por encuestas, no es fiable, y además no incluye a las personas movilizadas de un municipio a otro dentro del mismo estado”, dijo Escobar

Además del registro, el Estado mexicano debe sancionar una ley sobre el tema que establezca una coordinación de distintos entes y comprenda mecanismos de alerta para prevenir el desplazamiento y programas de asistencia humanitaria en los sitios de llegada

Pero las autoridades mexicanas hallan dificultades para separar las razones de la migración y en ocasiones quienes huyen de la violencia no quieren ser identificados, advirtió Patricia Chemor Ruiz, secretaria general del estatal Consejo Nacional de Población de México

La CIDH culmina este viernes su 149 periodo de audiencias, que convocó 52 sesiones para evaluar la marcha de los derechos humanos en las Américas.