Gobernación de Andrés González impuso millonarias multas a empresas de Julio Gómez
El exmandatario negó haber entregado contratos a procesados por el carrusel que investiga la Fiscalía y precisó que las obras fueron adjudicadas en la Gobernación de Pablo Ardila
Andrés González, el actual embajador de Colombia ante la OEA, negó cualquier vínculo con los procesados por el ‘carrusel de contratos’ en Bogotá y aclaró que cuando fue gobernador de Cundinamarca su administración concentró esfuerzos en conseguir que las obras adjudicadas por su antecesor Pablo Ardila fueran entregadas a la comunidad o que el dinero fuera devuelto al departamento
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Entre las empresas de Julio Gómez, uno de los testigos de la Fiscalía en el ‘carrusel de contratos’, que fueron sancionadas durante la administración de González, figuran Constructora Inca Ltda, constructora Arkgo y Coopmunicipal, entre otras
Sobre el contrato de la licorera de Cundinamarca el exgobernador, a través de un comunicado, señaló que “en 2011, se liquidó unilateralmente el contrato y finalmente se demandó judicialmente a los contratistas por $12.933 millones y a la compañía de seguros por $4.900 millones. Resuelto el tema jurídico, el activo existente, hoy valorado en más de 70.000 millones de pesos, como bodegas industriales en la calle 80, se dispuso para cubrir el pasivo pensional de la Empresa de Licores (ELC)”
González aseguró que su gobierno se vio perjudicado por las constantes demoras en la entrega de obras como la sede de la Licorera, escuelas en más de 50 municipios, plazas de mercado y parques municipales, los cuales fueron adjudicados entre 2006 y 2007
Andrés González indicó que ante la situación contractual que encontró al asumir el cargo, acudió a la Universidad Nacional para que fuera el Alma Mater la que evaluara el estado de cada uno de los contratos, el avance de obras y determinara las medidas que debía tomarse
El exgobernador se declaró dispuesto a dar todas las explicaciones que requieran tanta las autoridades como la opinión pública, luego de que se conociera que testigos en el carrusel hicieron relación a contratos en Cundinamarca, por una cuantía de 100.000 millones de pesos, que tendrían que ver con escuelas, plazas de mercado y la sede de la ELC.
