Violencia intrafamiliar en comunidades indígenas debe ser juzgada por justicia ordinaria

La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, asignó a la Jurisdicción Ordinaria la competencia para procesar a un indígena que golpeó a su compañera.

La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, asignó a la Jurisdicción Ordinaria la competencia para procesar a un indígena que golpeó a su compañera en un resguardo del departamento de Nariño. De acuerdo con el magistrado Pedro Alonso Sanabria Buitrago el procesado y la víctima pertenecen a la comunidad indígena de Guachucal y los hechos ocurrieron en ese reguardo, advierte la decisión que por tratarse de una conducta de valor constitucional como la violencia intrafamiliar y que no es inherente a la cultura indígena, su conocimiento debe asignarse a la justicia ordinaria, y llevar el caso ante un juez Promiscuo Municipal de Cumbal, Nariño

El fallo explica que el delito del que se acusa al sindicado es el de violencia intrafamiliar, el cual actualmente dejó de ser querelladle precisamente por la trascendencia social que genera, en tanto se busca proteger a la parte más débil del hogar, esto es la mujer. Si bien las comunidades indígenas legalmente establecidas tienen el derecho de juzgar a sus congéneres, tal prerrogativa se pierde cuando se trata de proteger un valor constitucional superior, como lo es, por ejemplo y para el caso en particular, el de la dignidad humana”. De igual manera el Consejo de la Judicatura llama la atención que la dignidad humana es base fundamental del actual ordenamiento jurídico, a la que debe dársele la importancia para que permanezca inalterada ante cualquier situación, sin distingo de raza, religión, sexo, creencias y color, derecho que está asociado indisolublemente con el de la vida

Finalmente aclara que la decisión de asignarse el conocimiento de la investigación del delito de violencia intrafamiliar del cual se acusa al comunero Cuaces Tutalcha, a la comunidad a la cual pertenece, sería tanto como patrocinar la impunidad, pues la ofendida, según lo afirmó, lleva 42 años siendo objeto de maltratos físicos, sin que las autoridades indígenas hayan tomado cartas en el asunto, y es claro que es un derecho de la víctima que se juzgue a su agresor, y es deber del Estado protegerla

 

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