Colombia afirma que no someterá su soberanía a tribunales internacionales
La canciller María Ángela Holguín explicó la decisión de denunciar el Pacto de Bogotá y sostuvo que el país mantiene su filosofía de solución pacífica de conflictos.
![Colombia afirma que no someterá su soberanía a tribunales internacionales](https://caracol.com.co/resizer/v2/4NJRIWCSKZNWDLXQVWJQ32JNIU.jpg?auth=8ca6d9fa0ebf55516bb870ccc168b85d7396c662a6e0650e29311f955777ef15&width=650&height=488&quality=70&smart=true)
La canciller María Ángela Holguín reveló que el Gobierno Nacional envió comunicaciones al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon y al secretario general de Estados Americanos, José Miguel Insulza, para denunciar el Pacto de Bogotá
Más información
- Nicaragua no quiere un conflicto militar con Colombia tras fallo de La Haya
- Nicaragua sí hace presencia en las aguas otorgadas por La Haya
- Tribunal de La Haya no comenta retiro de Colombia del Pacto de Bogotá por ser “cuestión política”
- Colombia envía una señal negativa con su retirada del pacto: analistas internacionales
- OEA confirma recepción de renuncia de Colombia al Pacto de Bogotá
- En San Andrés consideran tardío el retiro de Colombia del Pacto de Bogotá
“Colombia recibió con honda preocupación el fallo proferido por la Corte Internacional de Justicia. Colombia considera que el fallo tiene vacíos e inconsistencias en la delimitación realizada, y llevó a cabo una delimitación equivoca“, manifestó la canciller
La ministra agregó que el fallo de la Corte violó los derechos de la comunidad raizal e hizo caso omiso de los derechos de los colombianos. “Somos respetuosos del Derecho Internacional, pero estamos en desacuerdo en someter asuntos que comprometen su soberanía y sus derechos marítimos a la decisión de tribunales internacionales, no han otorgado competencia la Corte para decidir sobre esos derechos marítimos, ni sobre la definición de sus fronteras”, expresó. Texto de la declaración de la Canciller:El Gobierno Nacional ha comunicado al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, en su condición de depositario del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá), que denuncia dicho Tratado con efecto a partir de la fecha
Al cumplirse más de seis décadas de su firma, menos de la mitad de los países del hemisferio son Partes en este Tratado, y no es esta la primera denuncia que se hace del mismo
Colombia recibió con honda preocupación la Sentencia del 19 de noviembre de 2012 proferida por la Corte Internacional de Justicia en ejercicio de la competencia otorgada por el Pacto de Bogotá
Colombia considera que el fallo contiene vacíos e inconsistencias en la delimitación realizada y que, no obstante, mencionar el principio de la equidad, llevó a cabo una delimitación inequitativa
La mencionada sentencia debió ceñirse al derecho internacional y respetar la intangibilidad de los tratados en cuanto acuerdo de voluntades válidos y vinculantes
Colombia considera, además, que la Corte hizo caso omiso de los derechos de los colombianos que habitan en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, desconoció la importancia vital del acceso a los recursos naturales, dio la espalda a los imperativos del manejo ambiental equilibrado en esta sensible área del Caribe occidental
Estas líneas trazadas por la Corte, que para ella son solo un grupo de coordenadas, representan para los colombianos, y muy especialmente para habitantes del archipiélago, la grave afectación de la historia, la geografía, la vida misma y el sustento
Estados respetuosos del derecho internacional, pero en desacuerdo con someter asuntos que comprometen su soberanía y sus derechos marítimos a la decisión de tribunales internacionales, no han otorgado competencia a la Corte para decidir sobre sus derechos marítimos ni sobre la definición de sus fronteras. Esos Estados, como Colombia, consideran que los tratados y no los fallos judiciales son el medio idóneo para lograr delimitaciones equitativas entre las naciones
Colombia sigue vinculada a sus obligaciones internacionales en materia de solución pacífica de controversias de conformidad con otros acuerdos internacionales, los que de ninguna manera se verán afectados por la denuncia que se ha comunicado.