Contraloría ha solicitado la suspensión de seis alcaldes y gobernadores del país
La más reciente solicitud es contra el alcalde de Cartagena de Indias, Campo Elías Terán y tres funcionarios de la Administración Distrital.
Desde que Sandra Morelli asumió la jefatura de la Contraloría General de la República, desde hace dos años ya han sido seis los mandatarios de municipios y gobernaciones que han sido apartados de su cargo, a petición del ente de control, por encontrarlos responsables fiscales o estar investigados con serios indicios de responsabilidad
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Gobernador de Caldas, Mario Aristizbal MuñozLa solicitud se sustentó en que el contrato de manejo del juego de chance con la empresa Susuerte, implicó la disminución en transferencias a la salud de Caldas por un monto cercano a los $10 mil millones
Gobernador del Valle, Héctor Fabio UsecheLa Contraloría lo encontró co-rresponsable del detrimento patrimonial de más de 40.000 millones de pesos en la Licorera del Valle, por eso la contralora Morelli pidió que el gobernador fuera apartado de su cargo
Gobernador de Magdalena, Omar Díaz-granadosLa petición se dio con el fin de evitar que interfiera en el proceso de responsabilidad fiscal que se le abrió por presuntas irregularidades en la adquisición y dotación de kits escolares, donde se habría incurrido en un presunto daño patrimonial por 2.541 millones de pesos
Gobernador de Norte de Santander, William VillamizarLa medida está sustentada en dos procesos que adelantaron en el ente de control por aparentes malos manejos de dineros del Fondo de Calamidades. El primer caso hace referencia a recuperación de vías afectadas por el invierno en la región por 1. 568 millones de pesos. El segundo proceso era por 364 millones de pesos
Alcalde de Neiva, Héctor Aníbal RamírezEsta solicitud se presentó una investigación que adelantaba la Contraloría por dineros perdidos de un fondo de regalías, que correspondían a 4.125 millones de pesos. Alcalde de Cartagena, Campo Elías TeránLa más reciente es la de este mandatario y tres funcionarios de la Alcaldía de Cartagena, con el fin de evitar que interfieran en el proceso de responsabilidad fiscal que se le abrió por presuntas irregularidades en el contrato de aseo que celebró la administración distrital con la firma Chemical Products, por un valor de $5.893 millones.
