Juicio fiscal a director del Invías por irregularidades en obra que iba a ser construida por los Nule

La Contraloría General de la República determinó imputar responsabilidad fiscal en contra del Grupo Nule, al actual director del Invias, Carlos Rosado, y Adolfo Valencia por el presunto daño patrimonial de 105 millones de pesos por fallas en contratos de auditoría en la construcción de tres vías en el Cauca

La contraloría determinó ordenar el embargo del sueldo del actual director de Invias, Carlos Rosado, para que responda por este hecho

En el caso del Grupo Nule, se vinculan las sociedades Ponce de León y Asociados e Ingenieros Consultores en liquidación. En este caso tendrá que responder el representante legal, Saúl Sotomonte y el representante legal para la época de los hechos de la citada sociedad, Antonio José Rodríguez Jaramillo

“El juicio fiscal se deriva de las gestiones antieconómicas, ineficientes e ineficaces que se dieron en las etapas de contractual y poscontractual desarrolladas con ocasión del contrato de interventoría 3119 de 2008, cuyo objeto era adelantar la interventoría al contrato de obra para la pavimentación de tres vías en el Cauca”, señala la información

La audiencia pública de descargos a los responsable fiscales se efectuará el próximo primero de julio

La Unidad Anticorrupción de la Contraloría vinculó como responsable fiscal al actual director del INVIAS, quien ostenta la condición de gestor fiscal en los hechos objeto de investigación, porque tenía bajo su responsabilidad el ejercicio del control jerárquico y la tutela sobre las actividades desarrolladas por el instituto

El funcionario debía velar por la protección y salvaguarda de los recursos de esta entidad estatal. Sin embargo, omitió adelantar actuaciones adecuadas para el cumplimiento de sus funciones y dejó de efectuar un control de tutela adecuado en el manejo de las actuaciones necesarias para la liquidación de este contrato y por lo tanto recuperación de los recursos del anticipo girado. Desde el 2009 a la fecha, es decir transcurridos más de 2 años de los hechos, no ha adelantado las gestiones necesarias para liquidar el contrato