Tribunal Superior de Bogotá decidirá si anula proceso contra exdirectora del CTI por caso Fondelibertad

El juez 33 de conocimiento, Laureano Cubillos, negó la petición de nulidad que hizo la defensa de la exdirectorta del CTI de la Fiscalía, Marilú Méndez Rada, bajo el argumento de que su defendida está en igualdad de condiciones con otros funcionarios de la entidad

"En ese orden negaré la nulidad que se ha propuesto y atendiendo a que hay una impugnación de la competencia remitiré las diligencias al Tribunal Superior de Bogotá a su Sala Penal", sostuvo el juez del caso. Según el abogado Oscar Guerrero, la exdirectora del CTI no puede ser procesada por un juzgado penal del circuito, sino por la Corte Suprema de Justicia, por su condición de alta funcionaria de la Fiscalía. "Es una discusión que tiene que ver con la igualdad de tratamiento de los funcionarios ante la ley penal y por esa razón creemos que hay una habilitación foral para que el proceso de la doctora Marilú Méndez sea llevada por una instancia distinta", sostuvo el abogado. Así mismo, la defensa solicitará la declaración de cuatro exfiscales dentro del proceso que se adelanta contra la exfuncionaria por los delitos de tráfico de influencias, peculado por apropiación y falsedad en documento. El primero de los delitos, tráfico de influencias, está relacionado con la supuesta influencia, a través de Harlan Henao, exdirector de Fondelibertad, para favorecer a la sociedad FAES S.A.S. para una capacitación a la Policía Judicial, por medio del contrato 193-2009. Por valor de 51 millones de pesos. En el segundo contrato 067-2010, por valor de 99 millones de pesos, la exfuncionaria supuestamente influyó para favorecer a la firma Idrobo y Asociados, perteneciente a su exesposo Luis Idrobo Gómez. El segundo cargo imputado, peculado por apropiación, está relacionado con el traslado de un personal de la Fiscalía General de la Nación de Cali a Bogotá para que dictaran la capacitación adjudicada a una de las firmas en la que intervino y que los gastos de traslado corrieron por cuenta de la propia Fiscalia. De acuerdo con el Fiscal, el peculado habría sido por un valor de dos millones 888 mil pesos y correspondiente a un detrimento para la entidad, toda vez que fue la que corrió con los gastos de traslado. El tercer delito, falsedad en documento, tiene que ver con el trámite que habría adelantado para trasladar al personal de Cali a Bogotá. Sin embargo la exfuncionaria no aceptó ninguno de los delitos indilgados