Investigación del Palacio de Justicia fue responsable: exfiscal Buitrago

La Comisión Interamericana de DD.HH. encontró al Estado responsable de la desaparición de 12 personas, del asesinato de dos y torturas de cuatro.

La exfiscal que llevó las últimas investigaciones sobre las desapariciones y torturas en el Palacio de Justicia en 1985, Ángela María Buitrago, aseguró que el proceso que adelantó fue exhaustivo y muy seguramente parte del mismo es considerado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Buitrago, quien se inscribió como candidata a la Personería de Bogotá, dijo que a pesar de muchas dificultades llevó una investigación exhaustiva que generó una serie de decisiones que obviamente están supeditadas a una segunda instancia e incluso a decisiones internaciones como la que se anuncia en la Corte Interamericana

Dijo tener la satisfacción de realizar un trabajo serio, a conciencia, que permitió encontrar muchísimo material que resultó importante y que está en el proceso

La fiscal Buitrago, quien de manera intempestiva fue retirada de la Fiscalía por el fiscal interino, dijo que cumplió su trabajo hasta el último minuto. "Tengo la claridad que cuando uno hace bien las cosas obviamente se convierte en la piedra en el zapato y hay muchas cosas que se aceleran en razón a eso", dijo a Caracol Radio

Dijo que ese trabajo investigativo judicial ha sido parte del proceso que la Comisión Interamericana ha elaborado para llevar a la Corte, y parte de la actividad que se desplegó por los interesados y también de los funcionarios internacionales que están interviniendo dentro de la práctica de pruebas en esas instancias

Recalcó que "la investigación se hizo de manera responsable y hasta el último minuto se hizo exhaustiva y por lo tanto tengo la satisfacción de haber cumplido con el deber", afirmó la jurista

“La Fuerza Pública quiso encubrir la forma en que murieron algunas víctimas del Palacio de Justicia”: CIDHLa Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado colombiano responsable de la desaparición de 12 personas, del asesinato de otras dos y torturas de otras cuatro, durante la retoma del Palacio de Justicia

El informe de fondo de la Comisión, paso previo para que el caso sea trasladado a la Corte Interamericana, tiene como base las sentencias contra el coronel Alfonso Plazas Vega y el general Jesús Armando Arias Cabrales, así como el informe de la Comisión de la Verdad, el informe del Tribunal Especial y las sentencias del Consejo de Estado condenando a la Nación por los hechos

Además de responsabilizar al Estado por la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez, Cristina Guarín, David Suspes, Bernardo Beltrán, Héctor Jaime Beltrán, Gloria Stella Lizarazo, Luz Mary Portela, Norma Constanza Esguerra, Lucy Amparo Oviedo, Gloria Anzola de Lanao e Irma Franco Pineda, la Comisión hace énfasis en el asesinato del magistrado Carlos Horacio Urán y las torturas a Yolanda Santodomingo, Eduardo Matson, Orlando Quijano y José Vicente Rubiano

En el caso de las torturas, el organismo internacional afirma que “se enmarcaron en un patrón de abuso de poder, que tenía como objeto interrogar y torturar a fin de obtener información”

Y también señala que “las detenciones tenían como objetivos interrogarlos y torturarlos a fin de obtener información e incriminarlos como pertenecientes a la guerrilla”. Dentro de los argumentos de la Comisión para encontrar responsable al Estado por múltiples hechos delictivos durante la retoma del Palacio de Justicia, está que a pesar de que han pasado más de 25 años, solamente han sido condenados dos autores mediatos

“A pesar de la condena penal establecida, en primera instancia, contra dos autores mediatos de las desapariciones, han transcurrido más de 25 años desde los hechos del Palacio de Justicia, sin que se hayan adoptado medidas para juzgar a los autores materiales, a los demás autores intelectuales y a sus posibles cómplices en la comisión de los hechos”, anota el documento de más de 115 páginas

Para la Comisión, es claro que hubo irregularidades cometidas por integrantes de la Fuerza Pública que movieron algunos cadáveres, también por cuenta de las imprecisiones en las actas de defunción

“Las autoridades militares no esperaron a que los funcionarios competentes de la investigación cumplieran con sus obligaciones legales sino que una vez culminada la retoma efectivos del Ejército Nacional, ordenaron la concentración de los cadáveres en el primer piso, y previo al despojo de sus prendas de vestir y de todas sus pertenencias, se mezclaron indiscriminadamente los restos calcinados en bolsas plásticas”, señala la Comisión. El documento cuestiona que algunos cadáveres, como el del magistrado Carlos Horacio Urán, fueron lavados, práctica contraria a los procedimientos existentes en la época para el levantamiento e identificación de cadáveres

La Comisión le dio un plazo de dos meses al Estado colombiano para cumplir siete recomendaciones frente al caso, entre las que se destaca “iniciar la búsqueda y localización inmediata de los desaparecidos para entregarlos a sus familiares”, reconocer internacionalmente la responsabilidad en los hechos y ofrecer una disculpa pública, brindar atención sicológica a los familiares de los desaparecidos y de los torturados y recuperar la memoria de las víctimas

Finalmente la Comisión recomienda adoptar medidas para capacitar a todos los integrantes de los cuerpos armados y los organismos de seguridad en Derechos Humanos y pide que se tomen medidas para evitar excesos en operativos militares y de policía.

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