Fiscalía descubre posible 'falso desplazamiento' en Las Pavas

En una decisión proferida por la fiscal tercera especializada de Cartagena, Myriam Martínez Palomino, queda al descubierto un presunto fraude cometido por la Asociación de Campesinos de Buenos Aires, Asocab, que habría armado un montaje sobre el desplazamiento de 131 familias de la vereda Las Pavas, zona rural del municipio de El Peñón, al sur de Bolívar, uno de los casos más emblemáticos de destierro campesino por la violencia paramilitar. De acuerdo con la investigación adelantada por la funcionaria, en 2009 se ordenó el desalojo de las personas que se encontraban en la Hacienda Las Pavas, propiedad de Jesús Emilio Escoibar Fernández, en cumplimiento de una orden judicial. "Observa el despacho que la precitada diligencia, se desarrolló bajo los parámetro legales y garantías de que estaba revestida la misma, si tenemos en cuenta que no sólo participó el personal de Policía (...) el personero municipal de El Peñón (...) el comisario de Familia, el comandante de la Estación de Policía de ese municipio, el asesor de Paz de Bolívar, la Defensoría del Pueblo, el representante de la Defensoría de Derechos Humanos de la Gobernación, la abogada de los miembros de Asocab, tres sacerdotes y el abogado de los nuevos propietarios de la Hacienda Las Pavas", señala esta decisión de 24 páginas

Más adelante la funcionaria judicial califica como "mentirosos" a los representantes de Asocab, Misael Payares, Sandra Milena Ospino Mora, Celmira Guzmán Martínez y Alejandro Guzmán Pedrozo, quienes declararon que "fueron atropellados, que hasta el alimento de los niños, el agua y sus alimentos les fueron botados y sus viviendas destruidas", denuncias que, en su concepto, son "inverosímiles" debido a la presencia de las mencionadas autoridades. Para justificar tal aseveración, la fiscal Martínez Palomino relaciona la denuncia interpuesta ante la Notaría única de El Peñón, por el señor Pedro Moreno Redondo, representante de las familias, el pasado 15 de junio de 2011, en la que "afirma que se siente arrepentido de haber denunciado a esas 131 familias como desplazadas de la finca Las Pavas, cuando eso es una farsa, la cual guardo silencio por mucho años, pero que no resistía el temor y la mentira, pidiendo perdón, que incurrió en un falso testimonio ante las autoridades, que nunca hubo ese desplazamiento, como tampoco hubo asentamiento de esas familias en los predios de la finca Las Pavas". En ese sentido, agrega la funcionaria judicial en su decisión que se ha podido demostrar que "nunca las AUC del Bloque Central Bolívar, ni ningún otro bloque o comando haya llegado hasta los predios de la finca Las Pavas, ocasionando desplazamiento a ninguna persona, esto es a sus trabajadores, puesto que así lo ha confirmado el entrevistado Julio César Gil Carvajal, en su condición de propietario de la finca San José, ubicada en la región de Quebrada Mejía, en el corregimiento de Papayal". Al insisitir en el proceder ilícito de los familias que se habrían hecho pasar por desplazadas, dice que pretendieron negociar las tierras de Las Pavas y le solicitaron al Incoder que estaban dispuestos a sufragar el 40 por ciento del valor total de las tierras, para que el otro 50 por ciento sea donado por esa institución y de esa manera las repartan entre los campesinos. "Jamas en esa comunicación hablan o denuncian o ponen en conocimiento de aquellos funcionarios del Incoder o Incora, que eran campesinos desplazados de la Hacienda Las Pavas, por las amenazas de los paramilitares, entre ellos Mario Marmol y Jesús Emilio Escobar Fernández; estamos hablando del año 2006 donde las primeras gestiones obedecían a una compra directa de la finca por de Asocab; como tampoco de que esas tierras estaban abandonadas y por lo tanto explotadas por ellos, no existiendo ningún documento que así lo hayan declarado los miembros de esta organización", subraya la fiscal en el documento

Tras relacionar estos y otros hechos, la fiscal Martínez Palomino ordenó compulsar copias para que sean investigados por fraude procesal los representantes de Asocab: Eliud Alvear Cumplido, Etni Torres Moreno y Misael Payares Guerrero, así como todas aquellas organizaciones no gubernamentales que "tienen que asumir sus responsabilidades frente a estos fraudes que le han ocasionado perjuicios al Estado colombiano y además de colocar y poner en entredicho la credibilidad de sus autoridades catalogándolo de 'violador de derechos humanos y del derecho internacional humanitario'; para tales efectos, se compulsarán fotocopias de todas aquellas piezas procesales, a las distintas cancillerías, o en su defecto de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General para que se adopten las medidas pertinentes"

Incluso señala en la última parte de su pronunciamiento: "Nos encontramos ante la presencia de un falso desplazamiento forzado, denunciado por las ONGs nacionales e internacionales a favor de los miembros de Asocab, en este caso, sucedió todo lo contrario, anticipadamente bajo los principios de buena fe, las 131 familias presuntamente desplazadas forzosamente de la Finca Las Pavas, recibieron abundantes toneladas de ayudas humanitarias por parte de Acción Social, sin antes establecerse si estábamos efectivamente ante la conducta punible de desplazamiento forzado". Agrega que por esta razón "todos los miembros activos, líderes y organizaciones no gubernamentales que participaron activamente en estas denuncias, tramitaron, exigieron reconocimientos de derechos que jamás fueron violados o amenazados y demás personas, tienen que indemnizar al Estado (...) todas aquellas ayudas humanitarias, subsidios de vivienda, otorgadas a los miembros de Asocab y todos aquellos gastos ocasionados con este andamiaje y vil montaje de falsedad máxime si tenemos en cuenta lo ocurrido (...) en el caso de la Masacre de Mapiripán"

En una sentencia proferida el pasado 8 de abril, la Corte Constitucional había fallado una tutela en la que, entre otras cosas, concedía el amparo al debido proceso y a los derechos a la vida digna y al trabajo del cual son titulares los campesinos ocupantes del predio Las Pavas, representados por Asocab.