Órganos de control advierten que el Estado se 'raja' en atención al desplazamiento

Un preocupante diagnóstico fue el que presentaron los organismos de control, las organizaciones sociales y el propio Gobierno nacional acerca de las políticas para la prevención y atención del desplazamiento. La mayoría de responsabilidades fueron atribuidas a los entes territoriales

Aunque la audiencia pública que se cumplió en la Corte Constitucional para hacerle seguimiento a la sentencia T025, en la que se declara un estado de cosas inconstitucional sobre el problema del desplazamiento forzado interno, fue suspendida y aún no se conocen las conclusiones, el panorama descrito por los jefes del órgano de control, como el procurador Alejandro Ordóñez, aún es muy oscuro. "Luego de las distintas órdenes proferidas por la Corte Constitucional sobre la materia, de los órganos de control y de las organizaciones de la sociedad civil frente al tema, el Estado colombiano aún esta lejos de contener este fenómeno, así como de reparar integralmente a todas las víctimas", sostuvo Ordóñez Maldonado. A su turno la contralora Sandra Morelli, dijo que el gobierno ha destinado ocho billones de pesos para atención a los desplazados, pero que son los municipios, los distritos y los departamentos los que no ejecutan políticas de fondo para acabar o disminuir este fenómeno. "Ocho billones de pesos ha invertido a cifras del año pasado el Estado colombiano en atención de la población desplazada. La recomendación de la Contraloría, que el gobierno está acogiendo, es que cambiemos muy rápidamente esta política asistencialista, de atender realmente de manera humanitaria a la población para provocar un cambio material de tal manera que se supere la situación de desplazamiento, es decir, que ya tengan casa, proyectos productivos y hagan parte del flujo económico formalizado", señaló. En ese mismo sentido se pronuncio Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, quien criticó que se tome como excusa la posibilidad de adoptar políticas más eficaces a largo plazo, tal como lo planteó en la audiencia el director de acción social, Diego Molano

"El estado de cosas inconstitucional se va a prolongar diez años más porque la Ley de víctimas da diez años más para la atención de víctimas, incluidas los desplazados. Creemos que esa sería una conclusión un tanto absurda, porque la sentencia lleva seis años y habría temas quizá en los cuales el plazo se tendrá que extender por la magnitud del déficit, pero en general creemos que la sentencia debe cumplirse lo más pronto posible y de manera cabal", aseguró Romero

La Corte Constitucional continuará la audiencia con la intervención del defensor del Pueblo, Volmar Pérez, y la fiscal general de la Nación, Viviane Morales, quien designó al vicefiscal general, Juan Carlos Forero, en un acto que disgustó a los magistrados.