Elvira Forero renunció como directora del ICBF

Elvira Forero dejó de ser la directora del ICBF luego de que el Gobierno le solicitara su renuncia como parte de la restructuración del Estado, en la cual el departamento administrativo de Prosperidad Social asumirá las funciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La salida de Forero del ICBF se da en medio de varios escándalos de corrupción al interior del organismo e investigación de parte de la Procuraduría y la Contraloría por malversación de recursos y asignación de contratos. En la carta de renuncia, Elvira Forero, como directora General del ICBF, agradece el haber hecho parte del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y al mismo tiempo rescata la labor prestada en el gobierno de Álvaro Uribe. Según Forero durante los años en la Dirección General del ICBF, tuvo la oportunidad de recorrer el país, asumiendo el reto y compromiso de llegar a los más vulnerables aportando al servicio a los niños, niñas, adolescentes y sus familias en el país. Forero en página y media rescata los indicadores exitosos de los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y explica que con prácticas de buen Gobierno lideró esta entidad

En dos los últimos párrafos, en no más de 7 líneas, expresa al Presidente que por razones personales, las cuales ya había conversado con él, presentó la renuncia y le agradece tanto a él como a la primera dama, la señora María Clemencia, su apoyo y confianza a su gestión. Le augura al presidente todos los éxitos en su misión, y le dice que “el país confía en su gestión de Gobierno, con la ilusión esperanzadora de la prosperidad para todos”

Los cuestionamientos a Elvira ForeroEl polémico contrato con Inter-Icbf, consorcio del que hizo parte la firma Ponce de León, una de las empresas del controvertido Grupo Nule que finalmente ganó el contrato de interventoría por 12.900 millones de pesos para la producción de bienestarina, es solo la punta del iceberg de las múltiples irregularidades de las que habría tenido conocimiento Elvira Forero Hernández mientras estuvo al frente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Recientemente la representante a la Cámara, Ángela Robledo dijo que la funcionaria convirtió al ICBF en “un monstruo que sólo se ocupa de contratar, mientras que los derechos de los más pobres están en veremos”, por lo que pidió su renuncia, agregando que “los recursos que destina el ICBF para alimentar a niños y viejos de bajos recursos van a los bolsillos de contratistas como el Grupo Torrado, Colanta, Red Alma Máter y la Organización Internacional de Migraciones (OIM), entre otros”. Los duros señalamientos de Robledo van acorde con lo descubierto durante una juiciosa revisión efectuada por el Ministerio Público durante cinco meses y que le entregó a Forero Hernández la procuradora delegada para la Infancia y la Adolescencia, Ilva Myriam Hoyos, a comienzos de agosto

El informe de 350 páginas fue revelado por la revista Semana señala que Luz Amparo Guerra, quien fue jefe de prensa de la Alcaldía de Bogotá en la administración Peñalosa, mantiene un contrato de prestación de servicios con el Icbf desde 2006, sin embargo la Procuraduría no halló explicaciones del por qué una comunicadora social y politóloga como ella "fue comisionada para realizar viajes que al parecer no se relacionan con el objeto de trabajo ni con la profesión que tiene", como los relacionado con temas de contratación en los que debería estar el jefe jurídico. Una inquietud adicional es que por esos viajes, en los que va y vuelve el mismo día, recibe viáticos de 310.000 pesos, que en cuatro años suman más de sesenta millones de pesos, señala la publicación

Así como Edmundo del Castillo, la Procuraduría también cuestionó la labor de asesor que cumplió su hermano Gabriel en el Icbf, mientras el era asesor jurídico de la presidencia durante el gobierno de Álvaro Uribe. En este caso, la Procuraduría encontró que en el contrato de 2009 tenía obligaciones que no están relacionadas con su profesión -"asesorar al ICBF en programas de comunicación interna y externa"- o que se justificó una adición en el monto del contrato con el argumento de la necesidad de "contar con personal de las calidades tanto humanas como intelectuales del doctor del Castillo"

Con respecto al polémico contrato de la bienestarina, para el Ministerio Público resultó "curioso" que como contratista (antes de llegar a Casa de Nariño) Edmundo del Castillo tenía la tarea de hacer la interventoría de un contrato de Bienestarina, y cuando se fue al Gobierno, esa interventoría quedó en manos de un consorcio en el que estaba Ponce de León; finalmente al contrato le dio el visto bueno su hermano Gabriel

Pero sin duda el punto más delicado en el tema de la bienestarina es el que tiene que ver con la producción y distribución de este alimento que llega a, aproximadamente, nueve millones de colombiano. La Procuraduría encontró problemas tanto en el contratista (Industrias del Maíz) como en el interventor (Inter-Icbf). De 2007 a 2010, el concesionario presentó perturbación y suspensión en varias plantas de producción; deficiencia en la calidad: en la planta de Cartago se detectó presencia de bacterias (salmonella) en lotes de Bienestarina; aunque el producto de alto valor nutricional no contiene aditivos ni preservativos, el Invima halló presencia de este último (ácido sórbico), y en un informe del 30 de agosto de 2010 se habla de que muestra de Bienestarina analizada "arrojó una salmonella sp, coliformes fecales y otros", señala la revista con base en el informe del Ministerio Público. Por último la Procuraduría evaluó la atención prestada a anacianos en extrema condición de pobreza y se encontró con más sorpresas, como por ejemplo que uno de los consorcios que ganó un contrato para suministrar el complemento alimentario para este sector vulnerable de la población tiene su domicilio en Valledupar y le dieron el contrato para alimentar a los ancianos de Putumayo, Guainía, Amazonas y Arauca. En otro caso, el de la Unión Temporal Luz de Vida, la Procuraduría no entiende cómo en un solo día, el 10 de diciembre de 2010, se constituyó dicha Unión Temporal y se suscribió el contrato con el ICBF para ocho departamentos. "No se puede saber con qué antelación el operador presentó la propuesta y esta pudo ser evaluada por el ICBF", además de hacer el diagnóstico de la situación de los adultos mayores con datos de 1994

"Preocupa la falta de adopción de decisiones de manera pronta, oportuna, eficaz y legal por parte del ICBF, lo que pudo haber puesto, y puede seguir haciéndolo, en riesgo a los niños, a las madres gestantes y a los adultos mayores con la distribución de Bienestarina sin el control de calidad debido", sentencia en su informe la procuradora delegada, Ilva Myriam Hoyos. Por el tema de las múltiples irregularidades en la interventoria, la producción y la distribución de la bienestarina, es investigada penalmente por la Fiscalía, Elvira Forero Hernández, quien junto a Edmundo del Castillo y otras funcionarios y ex funcionarios, deberán responder ante la justicia por estos preocupantes hallazgos.