Corte Constitucional exhorta al Gobierno a adoptar política de convivencia con comunidad LGBT

La Corte Constitucional exhortó a las autoridades nacionales para que articule una política pública integral nacional, y que esta sea constante y unificada con los entes territoriales para el sector LGBT. Lo anterior para que se posibilite su socialización y coadyuve a la convivencia pacífica, cumpliendo también con los deberes y obligaciones que tienen todos los ciudadanos cotidianamente. Así mismo invita para dicho proceso a otras entidades gubernamentales y no gubernamentales, que amparen la socialización y la protección de los derechos de los miembros de la comunidad LGBT, en sus distintos caracteres, cumpliendo también los deberes y obligaciones correlativas

La anterior decisión está relacionada con el caso de Valeria Hernández Franco, una mujer transgenerista que en dos oportunidades, el 25 de julio y el 4 de septiembre, se le impidió el ingreso a eventos sociales organizados en el Hotel Tequendama, pero no por su condición sino por su comportamiento que habría sido agresivo. Ante dicho comportamiento le fue negada la tutela que interpuso contra los organizadores del evento y el Hotel Tequendama. Los primeros, señalaron que Hernández Franco habría tenido un comportamiento poco adecuado y agresivo, razón por la cual se reservaron su derecho de admisión

Por su parte el Hotel Tequendama señaló que solamente cumplió con prestar el salón del piso 30 en las dos oportunidades y que su actuación fue ajena al evento. La tutela que fue negada en dos ocasiones fue resuelta por la Corte Constitucional, que además de hacer una invitación a las autoridades para que se adelante un articulado de política pública para la comunidad LGBT hizo un llamado a la accionante. “Advertir a la ciudadana Valeria Hernández Franco que en el futuro se abstenga de ejecutar conductas como las constatadas en la presente providencia y respete los controles y reglas dispuestas por los establecimientos abiertos al público”

De otra parte insta a la Superintendencia de Vigilancia, a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Policía Nacional para que en establecimientos abiertos al público, se articule de forma coordinada la protección de los grupos LBBT, dentro del recíproco respeto entre ellos, al igual que hacía y desde el resto de la población.