Ordenan detención de exministro de Transporte Gustavo Adolfo Canal

Un Fiscal de la Unidad Anticorrupción ordenó la detención domiciliaria del exministro Gustavo Adolfo Canal, así como del exjefe de la oficina Jurídica del Invías, Federman Quiroga, por su presunta responsabilidad en el delito de peculado por apropiación a favor de terceros. La investigación se adelantó porque al aparecer los exfuncionarios habrían incumplido con el pago de una conciliación por más de 20 mil millones de pesos con la firma Botero Aguilar y Compañía y que generó otra reclamación al Estado. Dentro de la decisión de la Fiscalía también se ordenó llamar al ex ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, para que amplíe su denuncia y llamó a indagatoria a los exfuncionarios Edgar Jesús Botero, Hernán Otoniel Fernández Ordóñez, Yolanda Ronderos y Mabel Cecilia Monroy

La investigación por estos hechos tuvo su origen en una denuncia que presentó el exministro de transporte Andrés Uriel Gallego en el año 2006, en la que puso en conocimiento de la Fiscalía los hechos que rodearon la suscripción del acta extraordinaria de conciliación número 18 del 12 de octubre de 2006. Ducha acta señala que por medio del Comité de Defensa Judicial del Instituto Nacional de Vías se aprobó conciliar la suma de 74 mil millones de pesos que le eran cobrados judicialmente dentro de un proceso ejecutivo instaurado ante el Tribunal Administrativo de Antioquia por la sociedad CONILGRAVAS y otros demandantes, cesionarios del crédito integrado por las firmas Botero Aguilar y y el Consorcio Nacional de Ingenieros contratistas CONIC, contratistas iniciales del INVIAS

Asimismo en dicha denuncia se solicitó investigar la conducta del Magistrado Jairo Jiménez Aristizabal, Magistrado Ponente, quien habría impartido su aprobación a dicha conciliación pese a que fue este mismo funcionario el que conoció de la conciliación que por los mismos hechos habrían celebrado las partes en el mes de octubre de 1998

El pleito judicial se inició con el contrato estatal de obra número 205 del siete de febrero de 1983, por un valor de superior a los 600 millones de pesos, celebrado entre el Ministerio de Obras Públicas y el Fondo Vial Nacional, que fue adjudicado al consorcio integrado por la firma Botero Aguilar y Cia. y el consorcio nacional de Ingenieros contratistas CONIC.