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Más de tres mil agentes del CTI judicializarán a infractores durante la jornada de elecciones

El Vicefiscal general de la Nación, Juan Carlos Forero, anunció que este número de investigadores estarán desplegados en los 10 mil puestos de votación

El Vicefiscal general de la Nación, Juan Carlos Forero, anunció que este número de investigadores estarán desplegados en los 10 mil puestos de votación y también se tendrá 590 agentes adicionales en patrullas móviles para judicializar a personas que estén incurriendo en delito electorales como constreñimiento al sufragante, voto fraudulento, corrupción de sufragante o trashumancia electoral

"Estas personas están distribuidas de la siguiente manera: tendremos 3.600 servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, que se encontraran distribuidos en cada una de las mesas o sitios de votación, en los Puestos de Mando Unificado, como tienen funciones de Policía Judicial, como son nuestra Policía Judicial, el Cuerpo Técnico de Investigación, están en capacidad de realizar todas las capturas en flagrancia respecto de las conductas punibles que se produzcan", señaló. En lo que ha hecho énfasis la Fiscalía para estas elecciones es en la judicialización de las personas que, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que reside o está domiciliado en un municipio distinto al que el corresponde, y no solo a la persona que lo induce a esta conducta. Otro aspecto es el de la utilización de menores de edad para facilitar todos estos delitos, que por ejemplo llevan a adultos mayores y a discapacitados a las mesas de votación pero son ellos, los niños, quienes marcan el tarjetón bajo las indicaciones de otra persona

"Y estamos advertidos y preparados, mandándole un mensaje a todas las autoridades electorales para evitar que en las próximas elecciones sean utilizados los menores de edad para que cuando acompañen a los adultos, a los adultos mayores, a las personas en estado de discapacidad, al cubículo a votar, ellos puedan direccionar el voto o entren con un tarjetón ya marcado", señaló

El Vicefiscal indicó que esta conducta punible se considera como fraude o estafa electoral, engaño al sufragante, cuando la persona en estado de discapacidad, no conoce o está siendo engañada y se tergiversa su derecho de libertad a elegir, pero también que se sanciona a partir de la ley de Seguridad ciudadana que es la utilización de un menor para realizar una conducta punible"

Forero hizo un minucioso repaso de los delitos contra la participación democrática. "Compra de votos, aclarando que la Fiscalía también va a perseguir la venta del voto, también la trashumancia electoral, así como también la conducta del ciudadano quien bajo la gravedad del juramento manifiesta que reside o habita en un municipio diferente al que está domiciliado; en este sentido se perseguirá la conducta de quien insita, persuade o convence a otro de trastearse o ir a otro sitio a votar, como también del votante que está cometiendo un fraude contra la transparencia del sufragio", indicó

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