Sólo en Vaupés y San Andrés no se ha detectado trasteo de votos

El trasteo de votantes se ha presentado en por lo menos 800 municipios del país, según datos del Consejo Nacional Electoral, pero las denuncias son muchas más, dijo la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, quien advirtió que hay peligros de todo tipo en el actual proceso eleccionario

Según los datos conocidos por Caracol Radio, en los únicos departamentos donde no se ha detectado la trashumancia de electores son Vaupés y San Andrés y Providencia, donde las circunstancias son muy particulares y trastear electores sería demasiado costoso. El primero de ellos tiene tres municipios bien apartados, mientras que la zona insular tiene un solo municipio, distinto a la capital que no tiene alcalde

Los casos que involucran a 30 departamentos y cerca de mil municipios son analizados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que agrupó las indagaciones para que estén a cargo de ocho de los nueves magistrados de ese organismo. Sin embargo, el Consejo por razones de logística y costos solo podrá tener tribunales de garantías en 20 de los 32 departamentos

Según Alejandra Barrios, los casos de trasteo de votantes harán que el censo electoral pueda varias incluso en la semana previa a las elecciones, pues los casos son tantos que el CNE no alcanzará a anular todas las inscripciones fraudulentas de cédulas

En la reunión del Comité Interinstitucional de Seguimiento Electoral se evaluaron más de 210 denuncias de diferentes irregularidades que podrían configurar delitos contra el libre ejercicio del voto, de las cuales 170 fueron radicadas por la MOE

Entre los hechos denunciados figuran casos de corrupción política, fraude a los sufragantes, presencia y presión por parte de grupos armados ilegales, falsedad en documentos y alteración del orden público. De tales denuncias, 53 fueron trasladadas al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), otras 53 a la Policía Nacional y las 45 restantes a la Procuraduría General de la Nación, teniendo en cuenta que configuran la indebida participación de funcionarios públicos en actividades partidistas