Robo de bases de datos y clínicas de papel las mayores herramientas del 'cartel de la salud'

Fuentes cercanas a la investigación por la presunta defraudación a las cuentas del Estado mediante cobros por servicios de salud que nunca fueron prestados, manifestaron que dentro de las cientos de bases de datos que obtuvieron las EPS que realizaron los cobros podrían estar los datos de servidores de entidades del Estado. Con especial preocupación se solicitó que se investigara si las EPS logaron tener en su poder las enormes bases de datos de afiliados y beneficiarios de la Policía y las Fuerzas Militares para usar los nombres a la hora de cobrar falsos servicios al Fondo de Solidaridad y Garantías, Fosyga. Según los investigadores, se trata de usuarios que generalmente no acuden a reclamar por la calidad de los servicios, por lo que era poco probable que durante esos reclamos se describieran las dobles afiliaciones. De esas bases de datos los responsables del presunto ‘cartel de los recobros’ sacaban al azar la información de familias en diferentes ciudades para fabricar las cuentas de cobro. Era tal la importancia de la información de los usuarios que en un solo caso, una EPS pagó 250 millones de pesos por la base de datos de una empresa privada. De las nueve modalidades detectadas hasta el momento para estafar al sistema de salud, la que más recursos le permitió obtener al señalado cartel fue la de las IPS de papel. Ante sospechas sobre clínicas poco conocidas que facturaban altos montos, los investigadores del caso se desplazaron hasta sus sedes y en las direcciones señaladas encontraron talleres de mecánica, garajes, parqueadero y lotes donde nunca hubo ni una sola jeringa y cuyo avalúo catastral era muy bajo. Los mayores hallazgos en este sentido fueron detectados en Barranquilla y otras ciudades de la Costa Norte, sin embargo, en Bogotá y ciudades del centro del país las pesquisas a estas clínicas apenas empiezan

Por tratarse de la modalidad que permitió el mayor porcentaje del presunto defraude, la fiscal general, Viviane Morales, ordenó abrir un proceso sobre este caso, independiente al resto de la investigación. Dentro de lo que se ha establecido hasta el momento una de esas clínicas de papel habría cobrado por servicios a una persona muerta hace once años. Por su parte, los encargados de buscar los recursos de las EPS investigadas en el exterior comentaron que será un proceso muy largo porque hay que cumplir rigurosos procedimientos diplomáticos ante los cuatro países en los que hasta el momento se han descubierto clínicas y otros bienes de estás empresas.