A indagatoria funcionarios del Incoder por titulación de tierras a paramilitares
Los funcionarios y ex funcionarios son investigados por falsedad ideológica en documento público, desplazamiento forzado y concierto para delinquir.
Un fiscal de Unidad Antiterrorismo llamará a indagatoria a nueve funcionarios y ex funcionarios, entre los que se encuentra José Fernando Mercado Polo, exgerente regional del Incora (hoy Incoder), por titulación fraudulenta de predios que fueron entregados a trabajadores y testaferros de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’. De acuerdo con la investigación estas personas adjudicaron de manera irregular 44 predios tras certificar que fueron abandonados de manera voluntaria por los auténticos propietarios, cuando en realidad fueron desplazados por el paramilitarismo en Chivolo (Magdalena), y los entregaron a personas cercanas a ‘Jorge 40’, quienes ni siquiera vivían en los terrenos. Los funcionarios y ex funcionarios son investigados por falsedad ideológica en documento público, desplazamiento forzado y concierto para delinquir
La lista de personas que serán vinculadas de manera formal a la investigación mediante indagatoria, la completan: Luz Cenit Curiel, ex asesora jurídica; Francisco Solano Díaz, jefe de Cartera; Ernesto Gómez Goelkel, jefe de Gestión de Plato (Magdalena); José Lozano Andrade y Carlos Vásquez Vásquez, quienes hicieron parte del comité de adjudicaciones del Incora. Así mismo la decisión judicial afectará a: Carlos Guillermo Peñaranda, registrador seccional de Plato (Magdalena); Mileth Villa Zabaleta, concejal de Chivolo; Armando Rafael Andrade, notario de Ariguani (Magdalena); y a José Norberto Bedoya Prada, concejal de Fundación (Magdalena). Además de los citados 44 predios, de los que ya se ordenó la entrega de 36 a sus primeros propietarios, también hay otros 37 a los que se les decretó la caducidad de la titulación, pero no alcanzaron a ser adjudicados a terceros. Por otra parte el fiscal antiterrorismo, a quien la Corte Suprema compulsó copias para que se le investigara por supuesta negligencia en este proceso, denunció a la fiscal 3ª de Justicia y Paz por fraude procesal, debido a que, según él, la funcionaria argumentó de manera errónea ante el Alto Tribunal una supuesta lentitud durante la investigación
