Fiscalía encontró evidencias de las irregularidades cometidas en contratos en la gobernación de Magdalena

Un informe policial conocido por Caracol Radio, y que fue adelantado por investigadores del CTI y la Fiscalía, logró evidenciar las irregularidades que hubo en la contratación y entrega de kits escolares en la gobernación del departamento del Magdalena entre los años 2008 y 2009. Dicha denuncia pública la instauró el ex senador Luis Eduardo Vives Lacouture, quien advirtió los sobre costos en los que pudo incurrir la administración del gobernador de ese departamento Omar Diazgranados Velásquez, quien fue destituido y recientemente reincorporado en el cargo por orden del juzgado cuarto penal municipal de Santa Marta. El informe policial se centra en los contratos 125 del 28 de marzo del 2008 con su adicional del 23 de mayo de 2008, y el contrato 745 del 23 de noviembre del año 2009, en los que hubo sobre costos cercanos a los 3.225 millones de pesos, por la compra de 66.569 kits escolares. Asimismo las labores de campo de los investigadores evidenciaron que algunos de los kits escolares de preescolar y primaria, entregados a los colegios de varios municipios del Magdalena, no contenían todos los elementos y además hubo inconsistencias en la entrega de los mismos, según el reporte realizado en nueve instituciones. Uno de los casos se registró en la institución educativa Juana Arias de Benavides del municipio de Plato (Magdalena), donde supuestamente hubo una entrega de 800 kits escolares, según un comprobante de egreso del almacén de la Secretaría de Educación Departamental con fecha del 21 de enero del 2009. Sin embargo, el rector de dicha institución le dijo a los investigadores que en ese año recibió sólo 150 kits escolares y que además la firma que aparece en dicho documento, como receptor de dichos elementos, no es la de él, similar a otros casos presentados en otras instituciones educativas del departamento. Los implicados Los investigadores determinaron que algunos de los funcionarios de la Gobernación, para la época de los hechos, habrían incurrido como presuntas responsables de las inconsistencias e irregularidades, razón por la cual se les realizó una ficha de referencia. Son ellos Manuel Julián Mazenet Corrales, actual senador de la República y quien ejerció el cargo de secretario privado de la gobernación del Magdalena con las funciones de ordenar el gasto y con la facultad de adjudicar, celebrar terminar, adicionar, prorrogar, suspender, modificar y liquidar convenios y contratos de cualquier cuantía y naturaleza. Asimismo se encuentran Hilaria Margarita Silva Ortiz, asesora jurídica del Departamento; José Antonio Fernández, jefe de la oficina asesora; Pedro Antonio Padilla, secretario del despacho y Hernán Ortiz Chaparro, represente legal de la Fundación Instituto Baldo, firma con la que se suscribió el millonario contrato. Sin embargo, en el caso de Ortiz Chaparro, de acuerdo con la investigación, este manifestó que nunca viajó a Santa Marta a firmar algún contrato y que en representación suya fue el señor Gabriel Efraín López Londoño, quien portaba un sello con su firma y cédula estampado. ¿Qué sugieren las investigaciones?Los investigadores proponen recolectar los originales de las facturas encontradas en la fundación Baldo y que fueron canceladas a diferentes firmas por valor 2.180.363.607 millones de pesos y que al parecer están relacionadas con el suministro del material escolar. También se sugiere hacer seguimiento a un correo encontrado en la Fundación Baldo de una firma de nombre Tecnieducativos en la cual se hace alusión a una relación de cheques girados a particulares y entidades comerciales por valor de 1.396.924.409 millones de pesos, presuntamente también relacionados con los hechos materia de investigación. Finalmente se sugiere autorizar la individualización e identificación de la señora Lilia Díaz de Muñoz, almacenista de la Gobernación del Magdalena y del señor Gabriel Efraín López Londoño, quien fue el encargado de adelantar el proceso de contratación de la Firma Baldo con la Gobernación, previa autorización del representante legal.