Dilian Francisca, chuzada. Aranguren: mucho que explicar

A propósito de la renuncia más tarde no aceptada de Mario Aranguren a la dirección de la Unidad de Informática y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, hay un punto clave que vale la pena tocar, más ahora cuando el presidente del Consejo Superior de la Judicatura pide facultades de policía judicial para que los magistrados puedan interceptar, revisar documentos, ordenar allanamientos y otro tipo de actividades de ese orden. El punto al que vamos es una pregunta: ¿quién puede pedir informaciones a la UIAF? La respuesta: organismos con facultades de policía judicial que hagan parte de un convenio interinstitucional que los faculte para ello. En ese orden de ideas, solo dos personas en la Policía pueden solicitar y recibir esa información: el director de policía judicial de Antinarcóticos y el de la Dijín. En la Fiscalía: el Fiscal general y el director del CTI, el Cuerpo Técnico de Investigación. En el DAS: El director, el subdirector de contrainteligencia, el jefe de inteligencia, el subdirector de operaciones y el jefe de policía judicial. Ojo: en la Policía, una institución de 140 mil hombres, solo dos personas pueden solicitar datos a la Unidad, y ni siquiera puede pedirlos directamente su director, en el caso actual, el general Naranjo, mientras que en el DAS, una institución de alrededor de 6.000 efectivos, son cinco los funcionarios que pueden solicitar esos datos. ¿Por qué? Durante la administración de Jorge Noguera la relación era muy cercana, al punto de que, como nos ha confirmado un alto ex funcionario, prácticamente permanecían conectados a la Unidad dos miembros de la planta del DAS. En algún momento la relación se deteriora, en especial por lo que tiene que ver con las actuaciones del DAS de Noguera, y se acaba el contacto. Es Andrés Peñate quien restituye el convenio y abre la puerta para que sean cinco los funcionarios del DAS que puedan pedir la información a la Unidad de Informática y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda. ¿Por qué lo hace? Solo él lo sabe, pero la tesis más creíble es que son sus subalternos los que lo convencen de esa necesidad para trabajar con más libertad y Peñate, de buena fe, accede y lo convierte en una posibilidad real. Ahora, en lo que tiene que ver con Aranguren, la joya de su defensa es el hecho de que, como ha repetido en numerosas oportunidades, él no está para cuestionar el cumplimiento del convenio sino para hacerlo efectivo y, en ese sentido, ha sostenido, no preguntaba ni cuestionaba; solo entregaba. Ese argumento tiene un enorme talón de Aquiles que reposa en manos del director de uno de estos organismos: sucede que mientras al DAS (departamento administrativo de Presidencia) se le entregaba la información de manera inmediata y sin cuestionamientos, la Unidad protagoniza una serie de memorandos en los que, al pedir cierto organismo informaciones financieras, se le preguntaba que para qué la necesitaba, que cuál era el objeto. Y eso va a tener que explicarlo en detalle Aranguren: ¿por qué a unos les preguntaba y les pedía explicación y a otros no? Tema final: se ha sostenido, aseguran algunos que desde fuentes de Palacio, que no existen las interceptaciones ilegales: tiene toda la razón, seguramente no existen: lo que existen es pruebas de que se borraron, se desaparecieron los registros de que fueron hechas en equipos portátiles y se esfumaron. Es que ese, y parecen no entenderlo algunos, o no quieren entenderlo, el escándalo no es por las interceptaciones sino por la manera en que, bajo las narices del Director del DAS, se eliminaron las pruebas e indicios técnicos de que se hicieron. El tema, además, no puede terminar reducido a unos registros de interceptación telefónica. Lo que hiede, según palabras del Fiscal (quien dicho sea de paso, ha tenido que amarrarse los pantalones frente a unos fiscales débiles que no avanzan en hechos concretos), es una maniobra de grandes dimensiones orientada a hacer seguimientos a la intimidad, lo que comprende: seguimientos físicos, recaudo de información financiera, interceptaciones ilegales telefónicas (también de correo electrónico) y otros componentes que aseguran tener una información detallada de cada movimiento de las personas objeto de estas actividades. Pensar que porque no aparecen pruebas físicas de las interceptaciones ilegales no existió este monstruoso aparato de seguimiento de vulneración de la vida privada de magistrados, parlamentarios, militares, periodistas, funcionarios, es un sofisma de distracción de quienes están empeñados en bajarle el tono al episodio. Y por el camino se sabrá quiénes son y cual es su verdadera responsabilidad en este hedor que algunos quieren disimular con tarritos de perfume barato. Otra cosa, inédita hasta ahora: ¿por qué ilegalmente se monitoreaba la actividad de la senadora Dilian Francisca Toro cuando era presidenta del Congreso? Esos seguimientos, en todas las áreas, están en manos de los investigadores… y pasamos de las cortes al congreso en una serie de intromisiones ilegales a la vida privada que, ¡cómo no!, existieron.