Organizaciones sociales condenan atentado de las Farc en Roberto Payán

El Director de la Consultoría para los derechos Humanos y el desplazamiento, Codhes, Jorge Rojas, condenó enérgicamente el atentado de las Farc en la población de Roberto Payán en Nariño. "El lanzamiento de estos cilindros y la muerte de los niños y el adulto demuestra el desprecio que tienen las Farc contra el Derecho Internacional Humanitario", dijo Rojas. Camilo González Posso director de Indepaz señala que este es el momento propicio para tomar medidas de fondo que eviten caer nuevamente en una oleada de atentados terroristas. "Estos ataques a poblaciones o a cuarteles de Fuerza Pública, en medio de la población civil, producen desastres y constituyen violaciones al Derecho Internacional Humanitario, estamos ante otro hecho que es condenado por las organizaciones de Derechos Humanos", dijo. "Nos reiteran la necesidad de que en Colombia se tomen decisiones de fondo ante el tema humanitario, no solamente el repudio que esto merece, sino a propiciar acuerdos humanitarios, cese de hostilidades y no entrar en el circulo de ataques y contraataques y escaladas de violencia en Colombia", agregó González Posso. Por su parte Iván Cepeda director del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, dice que nuevamente es la población civil es el blanco de estas acciones terroristas y que el Estado debe establecer quienes son los autores del hecho para aplicar la justicia. "Nosotros queremos que las autoridades lo antes posible determinen la identidad de los autores del atentado y que rápidamente se proceda a tomar las acciones necesarias para colocarlos ante los tribunales", dijo. Por su parte la Oficina del alto Comisionado Para los Derechos humanos en Colombia dijo que el ataque efectuado refleja un desprecio por la vida, integridad y libertad de la población civil de Roberto Payán y el desconocimiento de las normas del Derecho internacional humanitario. La oficina reiteró su preocupación por la ubicación de estaciones de policía y bases militares que no respetan la normativa internacional y no son establecidas lejos de bienes protegidos, como las escuelas.